El 25 de enero pasado, una declaración de nuestro partido, el Partido Obrero, caracterizó la muerte del fiscal Alberto Nisman, como “un crimen de Estado”.
La caracterización apuntaba, en primer lugar, a la responsabilidad política de los gobiernos que orientaron a los servicios de espionaje desde que se tenga memoria y al gobierno en funciones de la última década, y denunciaba, por otro lado, la prolija y tenaz política de encubrimiento de esos aparatos por parte de esos gobiernos y del gobierno actual. En esta trama conspirativa tuvo un papel relevante el poder judicial, en la persona de jueces y fiscales, entrelazados con los servicios de inteligencia y condicionando sus investigaciones y sentencias a esos servicios y a los intereses económicos y políticos de turno.
¿Escapa a esa caracterización la trayectoria de los fiscales, jueces y políticos que ahora convocan a una “marcha del silencio”, que declara como objetivo “proteger la independencia del poder judicial” y reclamar “verdad y justicia” en la investigación de la muerte de Alberto Nisman?.
¿Puede servir contra la impunidad una acción que cuenta con la simpatía y el apoyo de una parte de los mismos servicios de espionaje que forman parte del encubrimiento?.
Si la aspiración es la verdad, ¿por qué no exigen la apertura de los archivos secretos de los aparatos de espionaje?.
Justicia de cómplices
Ninguno de estos jueces y fiscales denunció nunca, en el transcurso de décadas, el maridaje de los gobiernos de turno y el poder judicial al que servían con los servicios de espionaje. La autoría del atentado a la embajada de Israel, que tiene a su cargo la Corte Suprema, sigue envuelta en la oscuridad. La Side hizo su prolijo trabajo de encubrimiento de la desaparición de Jorge Julio López, pero ningún fiscal pidió el allanamiento de su sede ni la indagatoria de sus jefes. Ningún fiscal reclamó la investigación del rol de los servicios de inteligencia de la policía en el despliegue de francotiradores durante la movilización que culminó en el asesinato de Kosteki y Santillán. Ni en este caso ni en el del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, se impulsó la investigación del poder político que liberó las zonas para esos crímenes – en un caso el gobierno de Duhalde y su gabinete, en el otro el de Cristina Kirchner y sus laderos.
Nadie salió a una marcha de silencio cuando fue puesta en evidencia la existencia de un plan de infiltración de las organizaciones populares, denominado Proyecto X. Tampoco para defender la justicia de las luchas obreras.
El juez Larrambebere y el fiscal Raúl Plee, convocantes a la marcha, fraguaron con otros ‘juristas’ alfonsinistas una causa falsa – como se comprobó - contra toda la dirección del Partido Obrero, en 1989, que habrían debido llevarlos a un juicio político y a la destitución. El fiscal Stornelli, ex ministro de Scioli y ex jefe político de la bonaerense, carece de autoridad para reclamar contra el encubrimiento.
Todos sirvieron a la Corte de la ‘servilleta’ de Menem; han dejado en la impunidad los asesinatos para policiales del 19 y 20 de diciembre de 2001. La Justicia es cómplice con el estado de impunidad que rige en todo el país, en especial para la mafia de la trata de mujeres y niños, o los asesinatos del ‘gatillo fácil’.
Hasta el día de hoy sigue en la nada la investigación por los incendios de trenes del ferrocarril Sarmiento, a pesar de las conexiones entre el grupo Cirigliano y el intendente Otacehé y el eterno alcahuete Aníbal Fernández.
Toda esta conducta encubridora de fiscales y jueces justifica el planteo del Partido Obrero para que sean elegidos y revocables por el voto popular.
Descomposición del Estado
El poder judicial y el ministerio público ‘compraron’ la línea de la responsabilidad iraní en los atentados de 1992 y 1994, que impuso el gobierno nacional, incluso desde la tribuna de la asamblea general de las Naciones Unidas, sin pruebas fehacientes, por indicación de servicios de espionaje extranjeros. Esta complicidad se encuentra en la base del proceso que culmina con la muerte de Nisman – un crimen de Estado.
El gobierno ataca ‘post mortem’ al fiscal Nisman, cuando fue su agente judicial durante casi diez años.
La ‘línea iraní’ ha servido para encubrir a los servicios de espionaje locales que participaron en esos atentados criminales y en el sabotaje a su investigación.
Los políticos, como Sergio Massa y Alberto Fernández, que apoyan la marcha, han sido funcionarios del gobierno actual y por lo tanto responsables del ocultamiento de la verdad que hoy reclaman. Macri, otro animador, enfrenta un proceso judicial por espionaje, aliado a Fino Palacios, también procesado por encubierto en el atentado a la Amia. El resto de la casta política convocante integró los gobiernos precedentes, donde se cultivó con esmero la serpiente y sus huevos.
No estamos ante una convocatoria por “la memoria, la verdad y la justicia”, sino ante algo muy diferente: a la progresiva descomposición de un sistema político que se ha convertido en una amenaza para la inmensa mayoría del país. Esto, en el comienzo de la campaña electoral. Al mismo tiempo, se trata de una polarización ficticia, porque han sido socios durante décadas en el mismo sistema de complot contra los intereses del pueblo.
Necesitamos una marcha sí, pero para exigir, en primer lugar, para que el gabinete comparezca ante el Congreso para una interpelación televisada.
Necesitamos una marcha para exigir la apertura de los archivos de la ex Side y de todos los servicios de espionaje, y para imponer la destitución de Milani y la investigación de todas las operaciones del servicio de inteligencia del ejército, tanto en Argentina como en Haití, donde opera como una fuerza ocupante desde hace una década, al servicio del imperialismo norteamericano.
Para poner fin a la impunidad policial y judicial que está vigente en todo el país.
Deben abrirse los archivos de la Cancillería, no solamente para clarificar los acuerdos con Irán sino, por sobre todo, los diez años de acuerdos con Estados Unidos bajo el rubro de la “lucha contra el terrorismo”. Es esta política kirchnerista la madre de la injerencia de la CIA y el Mossad en los aparatos nacionales de espionaje.
La convocatoria a las calles de una parte del poder judicial y del ministerio público, contra el gobierno, muestra que los intereses dominantes y sus partidos de siempre no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo, ni tienen idea de cómo hacerlo de aquí en más. Esto explica la disgregación del oficialismo, que deja jirones propios para lograr un salvataje de Scioli, así como las disputas facciosas de la oposición. Es el impasse de la sociedad capitalista a nivel político y del Estado.
Los trabajadores y el Estado
Rechazamos la decisión inconsulta de los sindicatos oficialistas de alinearse con el gobierno y el PJ y la decisión inconsulta de la burocracia sindical opositora de apoyar una marcha convocada por los cómplices de este mismo sistema.
Llamamos a los trabajadores a deliberar sobre la crisis abierta con la muerte de Nisman – un crimen de estado -, para poder desarrollar una salida política independiente de conjunto, que satisfaga nuestras reivindicaciones sociales e imponga una completa libertad política.
Los servicios de espionaje son el sistema nervioso del Estado y responden a la orientación social y a la estructura de ese Estado. Por un lado, espían y conspiran contra los trabajadores y sus organizaciones, en función de los intereses de las diversas patronales y de la burguesía en su conjunto, y por otro lado ‘operan’ a favor de determinados sectores contra otros de esa burguesía, como expresión de las contradicciones de clase que son propias del capital. Estas condiciones no las va a cambiar que las “escuchas” sean responsabilidad de la Procuración o de la Corte, ni tampoco van a impedir la acción ilegal de los servicios, que gozan de la completa inmunidad de ese mismo estado, en calidad de ‘guardianes’ de sus secretos. La llamada oposición quiere sustituir a un Milani por otro. Para destruir este sistema de conspiración contra los trabajadores y la mayoría del pueblo, es necesario suplantar este Estado por otro que responda al interés colectivo de los trabajadores.
Preparemos una respuesta del pueblo trabajador.
