La Cámara Criminal Federal ordenó retomar la causa por trata de mujeres con fines de explotación sexual iniciada por Lorena Martins que salpica al fiscal Gerardo Pollicita y al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, aunque no dio lugar a que se investigue a su padre, el ex agente de inteligencia Raúl Martins, denunciado por ser el líder de la red de proxenetismo.
La Sala I de la Cámara falló parcialmente a favor de lo solicitado por la Unidad de Información Financiera (UIF) al habilitar la investigación a una banda presuntamente dedicada al delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Esta causa se inició por una denuncia realizada por la ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas -actualmente, Procuraduría para el combate de la Trata y la Explotación de Personas (PROTEX)- en virtud de la existencia de sesenta locales donde se ejercía la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual en el centro porteño.
En el expediente se estudia además la connivencia de funcionarios de la Ciudad y de la policía que estarían vinculados a Raúl Martins, agente de la ex Side entre 1976 y 193 y acusado en varias causas por delitos de estafa, robo con armas, trata de personas y promoción de la prostitución, entre otras actividades ilícitas.
Por estos vínculos con el poder político y judicial, Lorena Martins recusó al fiscal Gerardo Pollicita, el mismo que imputó la semana pasada a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sobre quien recayó en un principio la investigación.
La mujer tomó la medida al entender que el funcionario judicial tenía un vínculo con su padre y con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
Es que en su denuncia original, ella señaló que su padre “aportó dinero para la campaña electoral de Macri”, quien a su vez “visitó uno de los locales de su padre en México, además de brindar protección a sus prostíbulos en Buenos Aires a través de un funcionario de la Agencia de Control de la Ciudad".
A pesar del peso de las acusaciones, la jueza María Servini de Cubría archivó la causa argumentando que la denuncia de Lorena Martins tenía que ver sobre "presiones sobre su padre".
Ahora, los doctores Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, sostuvieron que la declaración de nulidad respecto a la denuncia sólo alcanza al padre de Lorena Martins y no al resto de los integrantes de la presunta banda criminal, instando al avance de la investigación.
Sin embargo los jueces manifestaron que los hechos endilgados a funcionarios de la ciudad y la policía deben ser analizados y juzgados en el fuero de instrucción.
