Los cuarenta y dos pisos de la exclusiva Torre Le Parc, donde vivió Alberto Nisman hasta la madrugada de su muerte, eran custodiados por Seguridad Integral Empresaria (SIE), que hace algunos días fue duramente cuestionada por la fiscal de la causa, Viviana Fein.
La empresa de seguridad privada, bajo el lema “Servicios de Investigación y Seguridad”, está dirigida por Juan Pablo Toro, hijo de un coronel retirado, Rafael Ceferino Serra Landajo, hijo de un comandante de la aviación naval durante la dictadura, y Miguel Ángel Randoni, un ex cabo de la policía federal que fue herido en una pierna durante el copamiento al cuartel de La Tablada.
Los días que siguieron a la muerte, la investigación judicial puso bajo la lupa la seguridad privada del piso de Puerto donde Nisman fue hallado con las puertas cerradas por dentro y un balazo en la sien.
La fiscal calificó el dispositivo de seguridad de Le Parc como un “colador”: dijo que era “totalmente franqueable y violable” y que la “infraestructura del complejo permite el ingreso y egreso de personas sin ser advertidas en modo alguno”. Para asegurarlo, Fein se apoyaba en informes de la policía y sus propias visitas al lugar.
Pero también en una confesión de parte. Unos días antes, entrevistado por radio, Juan Pablo Toro había dicho que algunas cámaras no funcionaban desde hacía más de un año por problemas de mantenimiento, incluyendo la del ascensor de servicios por donde había subido y bajado Diego Lagomarsino, el último interlocutor de Nisman y proveedor del revólver calibre.22 que selló su final.
La custodia empresarial
En los primeros meses de la democracia, el coronel Martín Enrique Toro pensó en explotar el negocio de la seguridad cuyos resortes conocía muy bien. Llevaba dos décadas en el Ejército y era un rubro virgen desde lo comercial.
Era un veterano: en 1962 había egresado como subteniente del Colegio Militar. En 1975, con 36 años y el grado de capitán, entró a la Escuela Superior de Guerra.
A través de los Boletines Reservados del Ejército (BRE) –a los que accedió Infojus Noticias- es posible reconstruir su escalada veloz por las estructuras operativas del gobierno militar.
El 6 de agosto de 1976, pasó al Comando General del Ejército y fue un semestre “en comisión” al Ministerio de Economía a cargo de José Martínez de Hoz.
En enero de 1979, pasó al Comando de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba, y había participado del Operativo Independencia y la Guerra de Malvinas. Después fue al Comando en Jefe del Ejército (1981) “en comisión” en la Presidencia de la Nación, y Director de Enlaces Institucionales (1982) con el grado de teniente coronel.
Según contó en una charla TED su hijo Juan Pablo, su padre fundó SIE en 1983, poco después de retirarse como coronel del Ejército. Pero según los registros oficiales, no se retiró hasta el 30 de noviembre de 1989. Fue 2° jefe del Regimiento de Infantería de Paso de los Libres, donde escaló hasta el grado de coronel. Durante seis años, Toro tuvo una incompatible doble función: pertenecía al ejército y dirigía una empresa de seguridad privada.
En julio de 2004, todavía joven, Toro murió de un ataque al corazón. Sus tres hijos quedaron huérfanos. Tres días después del velorio, Juan Pablo les propuso quedarse al frente de SIE. Sus hermanos Guillermo y Natalia aceptaron secundarlo. El actual director general era un ejecutivo exitoso: a sólo diez años de haberse recibido de administrador de empresas, ya era director de IBM, filial Brasil.
En poco tiempo cambió su despacho opulento con vista hacia la bahía de Botafogo, por un ambiente y medio en contrafrente en la Avenida de Mayo. Y le dio a la pyme familiar el sesgo empresarial: cambió el logo, los uniformes y se hizo una página web.
El cambio fue brusco. De cincuenta vigiladores, SIE engrosó la planta a 700 empleados, 25 de ellos dedicados a la estructura de gestión. Entre sus clientes tienen decenas compañías nacionales e internacionales –Molinos, Lenovo, Irsa, Banco Comafi-, shoppings, establecimientos rurales y otras instituciones como el Círculo Militar. Y muchos complejos residenciales, como el que murió Nisman, donde según Toro tienen “cierto liderazgo” comercial.
Las tres armas
Los hijos del coronel decidieron que necesitaban de otras disciplinas para los puestos estratégicos de SIE.
El 20 de junio de 2006, el capitán de fragata retirado Rafael Ceferino Serra fue aceptado por el ministerio de Seguridad de la provincia como nuevo jefe de Seguridad. Tenía 27 años de servicio.
En 1974 había egresado del Colegio Don Bosco, y tres años después, el 18 de enero de 1977, entrado a la Armada como cadete.
El 6 de noviembre de 1981 fue dado de alta en la Armada como guardiamarina.
En 1982, mientras la Junta Militar le declaraba la guerra a Inglaterra, Ceferino Serra hizo el curso de “Aviadores Navales 57”, donde quedó en séptimo lugar en la orden de mérito.
El año siguiente estuvo a cargo del material electrónico en la Escuadrilla Aeronaval de Reconocimiento.
En democracia, Serra siguió trepando el escalafón de la Marina, al menos hasta 2001 cuando fue comandante de la primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros.
Según el sitio web de SIE, en sus años de servicio actuó “en diversas operaciones internacionales”.
A Ceferino Serra le gusta el deporte. Corre maratones, anda en bici y juega al golf. Proviene de una familia patricia de Bahía Blanca muy vinculada a la Marina. Uno de sus hermanos, Diego José, también perteneció a la Armada. Su padre fue el contraalmirante Rafael Joaquín Serra Randle, que llegó a ser Comandante de la Fuerza Aeronaval Nº 2, una fuerza que dependía directamente del Comando en Jefe de la Armada y protagonizó los vuelos de la muerte.
“En la zona de Bahía Blanca, era el tercero en el escalafón de la Armada. Por encima suyo estaba Leonel Martín, y después Massera”, dijo a esta agencia un fiscal de ese distrito que investiga crímenes de lesa humanidad.
Bajo su órbita, estaban al menos dos centros clandestinos, el Buque ARA 9 de Julio y la Batería de Punta Alta, donde hubo torturas y desapariciones. Desde el año pasado, en Bahía Blanca se está juzgando a 26 represores, varios subordinados suyos. “Si hubiera estado vivo, tendría cadena perpetua por cadena de mandos”, agregó la fuente judicial.
Viejos conocidos
Otro 20 de junio, pero del año 1958 -48 años antes de que Serra fuera contratado en SIE-, nacía en Lanús el actual gerente de Operaciones de la empresa, Miguel Ángel Randoni, quien coordina los operativos y la logística.
La página web lo describe como un hombre con 15 años de experiencia en el rubro y detalla su condición de oficial retirado de la Policía Federal “luego de 20 años de actividad en distintas áreas de especial sensibilidad”.
Es muy probable que Randoni haya conocido a Nisman, cliente de su empresa, hace mucho tiempo atrás. El 19 de abril de 1989, un joven cabo de la policía federal entró al juzgado federal de Morón donde se investigaba el intento de ocupación del cuartel de La Tablada por el grupo guerrillero Movimiento Todos por la Patria (MTP), el 23 y 24 de enero de ese año. Nisman era entonces un joven –y ascendente- prosecretario.
Randoni declaró que había llegado junto a dos sargentos y que se habían acercado a la puerta para socorrer heridos. Allí vieron que un oficial del Ejército entraba a la Guardia de Prevención y era herido en el ojo. Mientras sus compañeros iban a rescatarlo, Randoni los cubrió con una ráfaga de tiros. Lo refugiaron en una garita, y se quedaron allí, hasta que “sintió un intenso dolor en la pierna izquierda”, y después “una fuerte explosión, una gran llamarada, siendo todos despedidos por la onda expansiva”. Agregó que vio como un subcomisario, cerca suyo, perdió las dos piernas.
Como reconstruyeron minuciosamente los periodistas Pablo Waisberg y Felipe Celesia, en el libro" La Tablada. A vencer o morir", la Guardia de Prevención donde fue rescatado el soldado Nani, donde Randoni fue herido, es el mismo lugar donde fueron secuestrados los guerrilleros Iván Ruiz y José Díaz, torturados sin piedad y vistos por última vez cuando unos hombres de civil los cargaban en un Falcon. Esos dos casos fueron los que el juez Gerardo Larrambebere le asignó personalmente al joven prosecretario. Nisman y el juez compraron la versión oficial que entregaron los superiores de Randoni y el Ejército: que Díaz y Ruiz habían muerto en combate.
