Según datos divulgados esta semana, 55 defensores de derechos humanos resultaron asesinados en el país andino durante 2014, mientras los casos de agresiones llegaron a la cifra de 626, la más alta desde 2012.
Difundido por los principales medios de prensa de la nación, el dictamen considera que el modelo de protección del Estado está al borde del fracaso y las fallas del organismo responsable de implementarlo costaron la vida a varias personas supuestamente amparadas con esquemas de seguridad, en el transcurso de los últimos años.
Tal balance realizado por la organización no gubernamental Somos defensores, activó nuevamente las alarmas sobre el peligro real a que se enfrentan quienes abogan por el respeto al ser humano y a las libertades individuales de todo tipo.
En fecha previa distintas voces del panorama nacional condenaron mensajes intimidatorios enfilados hacia activistas, reporteros y legisladores, simpatizantes de los diálogos de paz entre representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Esas conversaciones desarrolladas en La Habana, tienen como finalidad hallar una salida negociada a la guerra interna, que dura ya más de 50 años.
Entre la lista de amenazados aparecen la abogada y exsenadora Piedad Córdoba, el congresista Iván Cepeda, líderes sociales, políticos, juveniles y campesinos, oriundos de varios departamentos.
A través de las redes sociales y diversas plataformas, los colombianos condenaron los hechos y demandaron al Ejecutivo medidas urgentes para garantizar la integridad física de los señalados por organizaciones como Águilas Negras.
A raíz de esos sucesos, el ministro del interior Juan Fernando Cristo anunció que pondría en práctica un plan de medidas para frenarlos al tiempo que crearía grupos especiales dedicados a investigar lo acontecido, aunque hasta el momento se desconocen los resultados de tales pesquisas.
En declaraciones a periodistas, Cristo afirmó que esas maniobras forman parte de una estrategia para generar terror, zozobra y atentar contra el proceso de paz en momentos cuando transita por una fase decisoria.
Es el Estado quien debe velar por la seguridad de los activistas, defensores de derechos humanos y otras personalidades intimidadas, esperamos que los pronunciamientos no queden sólo en el discurso, comentó Cepeda a Prensa Latina.
