Pedidos de clausura cajoneados, expedientes 'perdidos', actas duplicadas o sin numeración de imprenta e inspecciones realizadas por personal no capacitado son parte de un 'modus operandi' del Gobierno porteño que puede costar la vida de personas como sucedió en Iron Mountain en 2014, denunció Edgardo Castro, el inspector que había pedido la clausura del galpón de Barracas en 2008.
"La omisión de la clausura de Iron Mountain a pesar de que yo había hecho el pedido no fue un caso aislado, es un modus operandi del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de Francisco Cabrera", denunció Castro, nutrido de toda la documentación para probar cada palabra.
Entre las clausuras que Castro había solicitado sin éxito se encuentra también la correspondiente a la firma "Ramón Chozas", una proveedora del Gobierno porteño, donde el 19 de septiembre de 2008 el ingeniero labró un acta que nunca tuvo su correspondiente disposición de cierre.
"Lo mismo había sucedido con la planta del laboratorio Beta. Le preguntamos al entonces subgerente de Seguridad e Higiene, Fernando Cohen, por las disposiciones para completar los trámites de clausura y éste respondió que 'en Beta hay un directivo de Boca'", relató Castro exhibiendo las copias de las actas.
Si bien Castro, que es inspector del Área de Seguridad e Higiene de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, describió que "estas prácticas se extienden hasta hoy", el período comprendido entre 2007 y 2009 lo recuerda como "particularmente más 'irregular', por usar una palabra leve".
"Esos años hubo miles de actas que no venían numeradas de imprenta, sino que se numeraban con sellos manuales, en el subsuelo donde trabajábamos. La gravedad de esto es que permite realizar actas duplicadas", detalló.
En efecto, por dar un sólo ejemplo, en las hojas 209 y 212 del libro de registros del Área de Seguridad e Higiene de 2010 se puede observar duplicada la asignación a diferentes inspectores del acta 58051, lo que constituye un grave error.
"Nosotros comenzamos a juntar documentación y nos acercamos a la Legislatura donde se realizó un pedido de informe por la desaparición de 12 mil expedientes y 4 mil actas", describió y añadió que "en efecto durante 2008, ese libro de registro de actas tiene varias páginas en blanco".
En agosto de 2010 a causa de una obra en construcción se derrumbó una pared sobre la edificación lindera donde funcionaba un gimnasio en la calle Mendoza y Triunvirato, en Villa Urquiza, donde murieron tres personas.
"El Gobierno de la Ciudad había mandado a hacer una inspección en forma 'urgente' a una compañera que cuando llega encuentra que ya habían hecho la demolición y labra su acta como que no había actividad en la obra. Al mes le piden a otro inspector que diga que 'no se estaba haciendo nada' sin ir al lugar y 10 días después se cae el edificio", relató Castro.
Y continúa: "Cuando sucedió esto se comprobó que se venía trabajando en la obra desde hacía mucho más que 10 días".
Con conocimiento del rubro, el ingeniero explicó que "si uno presta atención muchos de los derrumbes se dan al lado de obras en construcción en el momento de la excavación y esto tiene un sentido".
El especialista detalló que "desde hace muchos años las obras tienen el costo tabulado, es decir, el constructor ya sabe cuánto le saldrá cada metro cuadrado y no tiene mucha manera de ganar; el único momento en el que podés recuperar guita que, por ejemplo, pagaste como coima para que te entreguen rápido los planos, es durante la excavación".
"Si uno lo hace conforme a la ley tiene que efectuarlo en forma paulatina y por sectores para no sacarle el 'pie' al vecino, hay que hormigonarlo, retirar tierra en otro sector. Esa obra lleva dos o tres meses y las constructoras la hacen en cinco días. Allí se ahorran de mano de obra, tiempo de obra y costo de la maquinaria", explicó.
Otro caso al que hace mención es a la muerte en 2008 de una trabajadora tercerizada de Artes Gráficas Rioplatense (AGR), propiedad del grupo Clarín, quien falleció aplastada por un portón de ingreso que cierra automáticamente.
"Cuando el inspector fue a realizar el control, un grupo de trabajadores le impugnaron el acta porque decía que había cosas donde no existían y a la inversa. Por esta causa lo único que se hizo fue multar a Clarín, que realizó un pago voluntario de la multa. Otro delito que quedó impune", describió.
El lavadero Lucero, ubicado sobre la calle Juan B Justo, entre Andrés Lamas y Terrero es otra muestra de las actas que, según Castro, elabora "un inspector que no tiene ningún título y que se encarga de hacer el trabajo sucio".
"Clausuramos porque el depósito de anilina no cumplía con los requisitos legales, lo mismo que el área de permanganato. A los días mandan a otro inspector a dibujar la situación y el tipo es tan ignorante que escribe en el acta que el área de anilina no estaba operativa pero que 'se había acondicionado el área de permanganato', desconociendo que no pueden funcionar disociadas", sostuvo.
Y concluyó: "Podría seguir con este tipo de ejemplos durante horas. Muchas de estas cosas se presentan como accidentes y la realidad es que en seguridad no existe el accidente, existe la concatenación de errores humanos o desidias que terminan en tragedia, un ascensor se cae porque no le hiciste mantenimiento", ejemplificó.
