La embajadora realizó estas declaraciones al participar este martes de un panel sobre las implicancias globales y las resoluciones sistémicas a la problemática de las reestructuraciones de deuda soberana, organizado por la Universidad Americana en Washington, y del cual también formó parte el consejero Legal del Fondo Monetario Internacional (FMI), Sean Hagan.
Nahón sostuvo además que la interpretación que dio el juez de Nueva York, Thomas Griesa, a la cláusula pari passu, en el marco del litigio con los fondos buitre, es “extravagante y absurda” y que su sentencia “creó numerosos litigios cruzados” al bloquear el cobro por parte de tenedores de bonos reestructurados argentinos no sólo en los Estados Unidos si no en otras partes del mundo.
“La orden del juez no refleja la legislación que Argentina aceptó (bajo los términos de la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos) ni los contratos”, dijo Nahón afirmando además que la orden dictaminada por el juez Griesa “viola la ley y prácticas internacionales y va en contra del sentido común”.
La funcionaria mencionó a su vez la necesidad de crear un nuevo marco legal para solucionar el problema de las reestructuraciones de deuda soberana y, en ese sentido, resaltó el trabajo que está llevando adelante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para establecer ese proceso, desde que en septiembre del año pasado la Asamblea General aprobara la propuesta del G-77 más China con 124 votos a favor de los países miembro.
Por su parte, el consejero del FMI, Sean Hagan, manifestó su preocupación por las consecuencias que pueden significar las decisiones de la justicia de Nueva York en las reestructuraciones de deuda futuras y en el impacto que podría tener en la posición de Manhattan como centro financiero internacional.
Hagan dedicó parte de su disertación al análisis del accionar de los fondos buitre y a la “estrategia legal” que comenzaron a implementar en un litigio previo con Perú, en la que demostraron que “descubrieron ingeniosamente que podían lograr la ejecución de sus reclamos, no a través del embargo de activos sino mediante la utilización de los tribunales para interrumpir el flujo de pagos hechos por países soberanos a tenedores de bonos que aceptaron reestructurar”.
“El problema que esto tiene en todo el proceso de reestructuración de deuda es muy significativo” ya que “socava la voluntad” de los acreedores de “ingresar a un acuerdo”, explicó el especialista del Fondo Monetario Internacional.
Esto, sumado a la “preocupación creciente por la evolución del ambiente legal”, hace que sea necesario contar “con un marco legal más robusto para tratar con los problemas de las cláusulas de acción colectiva”, concluyó Hagan.
Por su parte, el ex titular del G-24, que agrupa a países en desarrollo, Amar Bhattacharya, que ofició como mediador del evento organizado por la facultad de Leyes de la Universidad Americana, hizo hincapié en las implicancias que tiene el caso argentino para el sistema financiero internacional y destacó la relevancia del proceso que está tiendo lugar en ONU para elaborar un marco regulatorio multilateral para reestructuraciones de deuda soberana.
El ahora experto del think tank, Brookings Institution, llamó entonces a “mejorar” lo que el sistema actual ofrece y a “hacerlo relativamente rápido”, ya que tal como se presenta implica "aspectos costosos" para todos.
Los motivos que llevan a estos altos costos, es que por un lado “las resoluciones tienden a ser insuficientes y tardías”, mientras que a su vez “no existe un mecanismo para asegurar un balance ecuánime entre los intereses de los acreedores y de los deudores”, siendo que además “los incentivos no son suficientes” como para lograr una “solución positiva”, concluyó Bhattacharya.
