La acción judicial fue interpuesta en contra de una resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar la información a requerimiento de El Ciudadano.
Originalmente, el Ejército señaló que desconocía qué militares o funcionarios administrativos habían formado parte del organismo represor creado en dictadura. Sin embargo, dicho argumento fue desestimado por el CPLT al conocer que en varias oportunidades el mando castrense proporcionó listados de ex CNI al Poder Judicial.
Una de estas listas fue entregada al ministro Hugo Dolmestch en el marco de la investigación de la Operación Albania. Otra al ahora presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en el proceso por la muerte de Tucapel Jiménez.
Una vez acogido el amparo por denegación de información deducido por este medio en contra del Ejército, el general Humberto Oviedo insistió en su postura por la vía judicial, reclamando una supuesta ilegalidad en la decisión del CPLT ante tribunales.
En el texto del recurso, el general Oviedo defendió la reserva de los nombres solicitados en virtud de la ley 19.974, que protege el Sistema de Inteligencia del Estado. Igualmente señaló que la publicidad de los nombres de quienes integraron la CNI no puede ser autorizada, puesto que ello afectaría la honra de esos funcionarios y su derecho al trabajo.
Es importante señalar que uno de los tantos agentes de la CNI que a la fecha cumplen funciones en el Ejército, es el funcionario civil Héctor Cáceres Orellana, quien se desempeña en el Comando de Salud como asesor de contabilidad.
El trabajo del ex CNI ha sido cuestionado por la familia del cabo Orlando Morales Pinto, asesinado en extrañas circunstancias en 2002 tras denunciar irregularidades en el Cosale cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa. Junto con Héctor Cáceres, al momento de la muerte de Orlando se encontraba activo otro personaje vinculado a los servicios de inteligencia de Pinochet: Álvaro Guzmán Valenzuela, entonces director del Cosale.
El recurso del Ejército que pretende ocultar esta información espera fallo en la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 1212-2015.
Fuente: El Ciudadano de Chile
