El proyecto de ley, inicialmente elaborado por dos diputados opositores, fue aprobado por ambas Cámaras legislativas la semana pasada. Con la nueva medida aprobada, la Fiscalía General y el Ministerio de Relaciones Exteriores del país deben elaborar una lista de “organizaciones extranjeras indeseables” y prohibir sus actividades en el país, informa RIA Novosti.
El criterio principal para incluir una ONG extranjera o internacional en esa lista es la amenaza que potencialmente represente “para el orden constitucional y la capacidad de defensa o la seguridad del Estado ruso”.
Una vez que el grupo es reconocido como “indeseable”, todos sus activos en Rusia deben ser congelados, sus oficinas cerradas y la distribución de sus materiales debe ser prohibida.
Si el grupo no acata las órdenes, sus dirigentes y miembros se enfrentarán a penas que van desde multas administrativas a penas de prisión de hasta seis años.
