Según explicó a Télam uno de sus impulsores, el pacifista y profesor de las universidades de Haifa y Maryland (Estados Unidos), Edy Kaufman, la movida es contra "la negación de los derechos de autodeterminación y la instalación unilateral del gobierno en los territorios palestinos ocupados".
La petición, aparecida ya en dos oportunidades como solicitada (con diferentes adherentes) en el diario Haaretz, surgió como iniciativa de la escritora y crítica literaria Ilana Hamermann y el historiador Dimitry Shumsky.
"Detectamos la creciente necesidad de una declaración política contundente que apunte a sostener la integridad moral del Estado de Israel y la creación del Estado Palestino antes de que se cumplan 50 años de ocupación de sus territorios, en el 2017" producto del resultado de la Guerra de los Seis Días, explicó Kaufman en diálogo telefónico desde Haifa.
Este israelí de origen argentino destaca la "profunda preocupación por la supervivencia de Israel y su integridad moral como Estado", y explica que el documento apunta a dos acciones específicas.
Por un lado, apoyar la apelación de la Autoridad Palestina en la ONU para que se reconozca al Estado de Palestina, y por el otro imponer un boicot económico a las empresas israelíes radicadas en los asentamientos de colonos judíos en los territorios ocupados por Israel desde la guerra de 1967.
Y aclara también la explicación pragmática de esta movilización civil vinculada a lo que llamó una "urgencia política".
Al respecto, Kaufman considera que se deben "evitar daños mayores" en la región porque los propulsores de una paz justa "tienen la frustrante sensación de que el potencial de las negociaciones directas a nivel gubernamental no podrán llegar a una solución
concreta y real".
Por eso mismo, advirtió, "la inclusión del activismo de la sociedad civil en vital entre israelíes y palestinos".
La propuesta del documento aparecido en Haaretz "está creada sobre la oposición a la ocupación y para que no se sigan creando hechos irreversibles sobre el terreno", recalca Kaufman.
Para el académico, "los que hemos firmado estamos convencidos que el flamante gobierno israelí, en su extremismo e inercia, no tiene ninguna intención de poner fin al actual estado de cosas".
Israel siente cada día más los efectos de la iniciativa Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra este país de Medio Oriente, promovida por los palestinos, y que fue considerada como una "amenaza estratégica" por el premier, Benjamin Netanyahu, y por el bloque multipartidario de derecha en el Parlamento.
Conocido como BDS, este movimiento tiene como objetivo ejercer presión política y económica sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos, en un intento de repetir el éxito de la campaña que terminó con el apartheid en Sudáfrica.
Kaufman recordó que "los propulsores del BDS no sólo demandan el cese de la ocupación en Cisjordania, sino que también exigen el retorno de millones de refugiados a sus hogares (ya no existentes en su mayoría) dentro del actual territorio israelí".
En este punto, omitiendo el concepto de dos estados para dos pueblos que es la fórmula de la propuesta solución internacional para el conflicto israelí-palestino.
Además, pide "al resto de la minoría de la Unión Europea (12 países que aún no tomaron su decisión) que se una a la mayoría (16 estados) y que no acepten la exportación de productos fabricados en los asentamientos israelíes desde los territorios ocupados, distribuidos bajo la etiqueta 'Made in Israel' ".
Kaufman advierte, asimismo, sobre la zona de peligro en la que está ingresando la sociedad israelí producto de la polarización, "porque el gobierno de derecha aprobó una ley en la Knesset (Parlamento) por la que se prohíbe llamar al boicot y que quienes lo promuevan podrán ser demandados por las empresas israelíes que se vean afectadas en sus exportaciones".
La ley fue ratificada por la Corte Suprema israelí, que por mayoría decidió rechazar el pedido de declararla ilegal aduciendo que atenta contra la libertad de expresión.
Por tal razón, los 1.700 firmantes, más todos los que lo hagan, podrían ser llevados ante la Justicia y obligados a compensar financieramente a empresas radicadas en las colonias. "Si se rehusaran a hacerlo podrían ser condenados a prisión", advierte Keste co-fundador y ex presidente de B'Tselem, una ONG israelí defensora de los derechos humanos.
