Un viejo colectivo sin ventanas servía de casa para un trabajador ganadero en un campo de Cañuelas. El hombre de más de 40 años dormía allí después de trabajar largas jornadas por 50 pesos a la semana.
En una quinta de Abasto, partido de La Plata, una familia de once personas vivía en una pieza de dos metros por tres, sin baño, ni agua corriente, ni gas natural. Hasta ambos lugares llegaron los inspectores del RENATEA luego de recibir denuncias anónimas.
Luego de las inspecciones, los dos casos son investigados por la justicia, que podría acusar a los propietarios de reducción a la servidumbre, trabajo infantil y trata laboral.
El colectivo donde vivía el trabajador de Cañuelas no tenía baño, ni agua caliente, ni calefacción, ni energía eléctrica. El peón, oriundo de Lobos, dormía al lado de toneles con antibióticos para los animales.
Otro trabajador, migrante de Entre Ríos, vivía en una pieza en condiciones precarias y trabajaba en negro por un salario semanal de 800 pesos. El fiscal a cargo de la investigación, Leonel Gómez Barbella, pidió al juzgado interviniente que se procese al propietario del campo por el delito de tratas de personas y que se le confisque el campo.
La situación de los dos trabajadores llegó a oídos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) por un llamado anónimo. Los inspectores se acercaron a Ruta 3 Km 77 para fiscalizar el lugar y fueron recibidos por el propietario –oriundo de Cañuelas– con insultos. “La actitud del hombre fue tan agresiva que impidió nuestro trabajo y por eso labramos un acta de obstrucción”, contó a Infojus Noticias el Jefe de la Unidad Territorial III, Cristian Rojas.
Entonces se presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora por una situación que configuraría, cómo mínimo, reducción a la servidumbre. El procedimiento se realizó con la intervinieron la AFIP, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, además del RENATEA, en un operativo que culminó con la detención preventiva del dueño del campo, identificado como Víctor Kearney, de 72 años.
Para el fiscal existían elementos suficientes como para procesar al detenido por el caso de los dos trabajadores. Mientras que para el Juzgado interpretó que para el caso del trabajador entrerriano no se configuraba delito de trata.
El fiscal, tomó indagatoria al imputado acusado de “participar en la captación, traslado, recepción y acogimiento” de uno de los trabajadores rescatados.
Además –con asesoramiento de la PROTEX– pidió que ese caso se realice una ampliación por el caso en cuestión ya que a criterio del Ministerio Público en ambos casos se configura el delito.
En el pedido de ampliación de indagatoria, el fiscal enumeró una serie de elementos para describir la vulnerabilidad de los trabajadores y así sostener su pedido de imputación: “las horas extensas de trabajo a las que exponía a las víctimas, quienes se desempeñaban en precarias condiciones de salubridad, higiene y salubridad, que no se encontraban inscriptos en forma regular y que recibían una remuneración considerablemente inferior a las acordadas”. Además solicitó que se realicen otras medidas de prueba y que se decomise el campo de Cañuelas en el que se estaba explotando a las víctimas.
También en La Plata
“En el caso de la familia de Abasto, el llamado fue anónimo y ante la situación hallada en el lugar se abordó la problemática junto a la Procuraduría de Trabajo y Explotación de Personas (Protex), el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que una vez por semana funciona en la zona”, explicó Dumrauf.
Además de la familia- una pareja y sus nueve hijos- que convivían en la pieza de 2 por 3 metros, los inspectores encontraron a dos chicos de 13 y 14 años, uno de ellos de origen boliviano, trabajando en la cosecha de hojas verdes.
Ninguno estaba registrado y, según explicaron a Infojus Noticias desde la entidad, se encontraban en condiciones denigrantes. Por eso se presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal 1 de La Plata para que se investiguen los delitos de trabajo infantil, reducción a la servidumbre y/o trata laboral.
Además, confirmaron que intervino la oficina de rescate para acompañar a las personas que fueron encontradas en el lugar.
Control para prevenir
El RENATEA, como organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuenta con la habilitación de ingresar a los campos y establecimientos de producción agropecuaria primaria. El Registro es garante de los derechos de dicha población trabajadora, a partir de la sanción del Nuevo Régimen de Trabajo Agrario, ley nº 26.727.
Entre 2013 y 2014, se realizaron 965 fiscalizaciones, de las cuales 695 fueron durante el último año, lo que representa un incremento de 159% en relación al anterior. En las inspecciones de 2014 se relevaron 12.407 personas, lo que representa un 79% más que el 2013.
Ante denuncias de explotación laboral en ámbitos rurales, trabajo infantil, condiciones indignas de trabajo, o cualquier otro delito efectuado a trabajadores agrarios, se debe comunicar a la línea gratuita del RENATEA: 0800-777-7366.
*Por: Juan Carrá, Infojus noticias
