Es por la muerte del químico de la policía secreta de la última dictadura chilena Eugenio Berríos, ocurrida en abril de 1995 en Montevideo, a donde fue llevado para impedir que declarara en el juicio por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria.
El químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) fue llevado a Uruguay el 26 de octubre de 1991 bajo el nombre falso de Tulio Orellana, acompañado por el entonces mayor del Ejército Carlos Herrera Jiménez, para impedir que declarara en el juicio por el asesinato de Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en Washington en 1976, perpetrado por la misma agencia chilena.
Berríos, custodiado por Herrera Jiménez, asesino confeso del dirigente sindical chileno Tucapel Jiménez el 25 de febrero de 1982, estuvo bajo secuestro cerca de la capital uruguaya en la playa de Parque del Plata.
Fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar su secuestro, pero fue entregado a militares orientales y no se supo más de él hasta que en 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en la playa de El Pinar, atado y con disparos en el cráneo.
Entre los 14 condenados figuran tres oficiales uruguayos extraditados a Chile en 2006, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, que colaboraron en el secuestro del químico de la Dina como parte del Plan Cóndor de colaboración de las dictaduras del Cono Sur contra opositores.
De los 14 acusados, quien recibió la pena más alta fue el ex mayor del Ejército chileno Arturo Silva Valdés, con 15 años y un día de presidio, como autor del delito de secuestro con homicidio, más cinco años y un día por asociación ilícita y sin beneficios.
Le siguen los ex militares Eugenio Covarrubias Valenzuela, Hernán Ramírez Rurange, Jaime Torres Gacitúa, Manuel Provis Carrasco, Pablo Rodríguez Márquez y Raúl Lillo Gutiérrez, Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Vargas, y el general Fernando Torres Silva, ex auditor del Ejército, condenados a 10 años de pena efectiva.
En tanto, Manuel Pérez Santillán y el oficial uruguayo Wellington Sarli Pose fueron sentenciados a cinco años de presidio como cómplices de secuestro y otros 60 días por asociación ilícita.
Asimismo, los jueces absolvieron a Enrique Ibarra Chamorro, Mario Cisternas Orellana, Nelson Hernández Franco, Emilio Rojas Gómez y Érika Silva Morales
