La ley Orgánica permite a los municipios establecer esta normativa. Veamos lo que dice el articulo 26°: (Texto según Dec-Ley 10.100/83) Las ordenanzas y reglamentaciones municipales podrán prever inspecciones, vigilancias, clausuras preventivas, desocupaciones, demoliciones, reparaciones, adaptaciones, restricciones, remociones, traslados, secuestros, allanamientos según lo previsto en el artículo 24º (**) de la Constitución, ejecuciones subsidiarias, caducidades y cuantas más medidas fueren menester para asegurar el cumplimiento de sus normas.
Para el abogado Jorge Cancio la medida votada en el HCD de Malvinas Argentinas es arbitrario: “Lo grave de esta ordenanza es dejar a la discreción del intendente, en cuanto a quien si y a quien no, manda a escrachar al veraz (…)Distinto seria poner automáticamente a todos los deudores de forma automática en el veraz, esto de ser selectivo, es lo arbitrario de la norma y de ahí que puedan devenir varios planteos judiciales contra la misma”.
El Veraz es una lista de deudores morosos que impide al ciudadano acceder a créditos bancarios y financieros, es “una pesadilla que persigue a todos aquellos que intentan pedir un préstamo dinerario o una tarjeta de crédito”.
Según Jorge Cancio esta maniobra encubre la privatización del cobro de las tasas municipales. Partiendo de este principio el abogado plantea una serie de interrogantes: “¿Se sabe cuanto se paga al Veraz? ¿O el Veraz paga al municipio? ¿Que costos tendrá extras salir del Veraz? ¿Será el ultimo negociado del intendente?”
Una de las alternativas para aquellos que sufran esta arbitraria es realizar “un habeas data, que es el derecho constitucional a acceder y corregir datos personales cuando estos son falsos o discriminatorios o para ser indemnizado, dependiendo, si la conducta de quien informó el dato fue ilegal y se ha producido un perjuicio se puede reclamar daño moral y daño material, siempre y cuando pueda probarse en ambos casos que ello ocurrió, y que hay una relación de causalidad entre el informe o dato erróneo y los perjuicios ocasionados. Esto es un juicio largo que en San Martín, son mínimo 2 años y las indemnizaciones son mínimas”.
