Menem debería sentarse en el banquillo de los acusados el próximo jueves, pero el ex presidente, de 85 años, ya cuenta con una autorización para no estar en la sala de audiencias fundada en el deterioro de su salud y podrá atender a esa instancia por videoconferencia desde su domicilio.
A 21 años de la voladura, que causó 85 muertos y cientos de heridos, el ex presidente también tendrá derecho a no declarar y hacerlo recién cuando su defensa técnica lo considere conveniente, garantía que ampara a los otros doce acusados en este juicio oral.
Menem deberá responder al reclamo de la fiscalía y seis querellas por su orden de cesar la pesquisa sobre la llamada “pista siria”, que involucraba al empresario Alberto Kanoore Edul (hijo), cuyos contactos con el agregado cultural iraní Moshen Rabbani, lo colocaban en el centro de la investigación.
Según el requerimiento de elevación a juicio del fallecido fiscal Alberto Nisman, el entonces presidente dio esa directiva luego de que el padre homónimo de Alberto Kanoore Edul se entrevistara el 1 de agosto de 1994 en Casa de Gobierno con su hermano Munir Menem (fallecido), y le pidiera el fin de la pesquisa sobre su hijo.
Para los familiares de las víctimas reunidas en Apemia, esa pista basada en escuchas y otros indicios fehacientes “acercaba la investigación al círculo íntimo presidencial”, y constituía “un escándalo que ponía en riesgo la propia continuidad del gobierno”.
Además de Menem, están acusados por el encubrimiento el entonces titular de la Side, Hugo Anzorreguy, que la semana pasada siguió la audiencia desde una sala contigua al tribunal, luego de seguir la apertura por videoconferencia desde un sanatorio donde se encontraba internado.
También será indagado el juez destituido Juan José Galeano, acusado de cesar las escuchas que él mismo había ordenado, perder y desechar pruebas y pagarle 400.000 dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a cuatro policías bonaerenses.
La causa por encubrimiento del atentado a la AMIA se inició en febrero de 2000, a raíz de las declaraciones públicas del ex prosecretario del juez Galeano, Claudio Lifschitz, quien reveló el ex juez y el gobierno habían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías para desviar la investigación que llevaba a la familia Kanoore Edul.
El Tribunal Oral Federal 3 lo convalidó cuatro años después, anulando por completo la instrucción de Galeano y el juicio, y absolviendo a los bonaerenses que pasaron casi nueve años presos y ahora querellan a Galeano y a los fiscales Eamon Mull y Jose Barbachia, que pidieron su detención.
La causa por encubrimiento fue instruida por el juez federal Ariel Lijo luego de que en el 2005 la Cámara apartara el sorteado Claudio Bonadio por inactividad.
