El fiscal general Gabriel de Vedia recurrió ante la Corte Suprema de Justicia el fallo que le otorgaba una jubilación de privilegio a Jaime Lamont Smart, el primer civil condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
El fiscal apeló la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que le había otorgado al ex ministro de Gobierno bonaerense una jubilación de privilegio en los términos de la ley 24.018, que establece el régimen de jubilaciones especiales a quienes hayan ocupado altos cargo en los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de la Nación.
En su apelación, De Vedia indicó que el beneficio superó lo solicitado por el ex funcionario de la dictadura en su amparo, otorgándole una jubilación por un cargo de superior jerarquía, más las diferencias de dos años con sus correspondientes intereses.
Smart cumple actualmente prisión perpetua en la cárcel de Marcos Paz por dos sentencias que lo condenaron, la primera, en diciembre de 2012, por el homicidio del abogado Jorge Rubinstein y por la privación ilegítima de la libertad de 42 personas en la causa denominada Circuito Camps, cuando era ministro de Gobierno bonaerense.
En la segunda sentencia, de octubre último, el Tribunal Oral Federal de La Plata lo condenó a prisión perpetua en el juicio conocido como "La Cacha", ubicado en La Plata, y donde funcionó una maternidad clandestina.
Esta causa tuvo un objeto procesal de 197 víctimas de secuestros, tormentos y lesiones graves, la mayor parte de los cuales fueron concretados en el ámbito del centro clandestino y otros seis casos comprometieron a personal de las fuerzas estatales vinculados al lugar pero cometidos en la vía pública.
Durante el terrorismo de Estado, Smart cumplió funciones en el Poder Judicial como fiscal de la Cámara Federal especializada en juzgar “delitos de la subversión”, también conocida como “Camarón”, que dispuso la detención de unas dos mil personas y condenó a 700.
Según precisa el sitio Fiscales.gob, Smart había promovido un amparo contra el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el objeto de que se ordenara al organismo que le abone la jubilación obtenida, así como también las prestaciones ya adeudadas, con sus intereses.
En su amparo, consideró como “injustificada, ilegal y arbitraria la negativa, desde hace más de 33 meses, a abonarle la jubilación que le otorgara la ANSeS, en abril de 2008”.
El fiscal entendió que con ese argumento, Smart “solicitó solamente que se levante la suspensión del pago del beneficio, por el Consejo de la Magistratura” y que los camaristas no trataron la cuestión principal que motivara el amparo, es decir, "la suspensión del beneficio efectuada por el Consejo de la Magistratura".
