Estudiantes secundarios y universitarios marcharon por las calles de La Plata para recordar la desaparición y asesinato de los 6 adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil gratuito en el hecho conocido como la “Noche de los Lápices”, ocurrida durante la última dictadura cívico militar.
Pablo Jalús, titular de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CUES) y militante de la agrupación juvenil La Cámpora, explicó a Télam que “este es un día para recordar a los compañeros con todas sus luchas y un proyecto de país mejor”.
“Siempre desde la Unión de Estudiantes Secundarios recordamos el país por el que ellos lucharon. No era sólo un boleto lo que reclamaban, como se intenta decir, sino que era un proyecto de país”, dijo y agregó que “nosotros queremos seguir adelante con esa lucha, llevándola a los colegios y a las unviersidades y a toda la Argentina”.
Sostuvo que el desafío que tienen los jóvenes por delante “es la formación de centros de estudiantes en los colegios, una herramienta fundamental para organizar a la juventud” y celebró que “ahora tenemos una ley que nos ampara y nos permite la creación de los centros y con ello el fortalecimiento de la democracia dentro de las escuelas”.
Además, Jalús se refirió al proyecto de ley de promoción de juventudes anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y precisó que “a lo largo de los 12 años de kirchnerismo, la juventud ha sido un actor fundamental del proyecto”.
“Desde la creación del voto joven, la Ley de Centros de Estudiantes, el Progresar hasta el Boleto Educativo, hay miles de proyectos destinados a la juventud. Somos tenidos en cuenta no sólo como actores del presente, sino de cara al futuro de la Argentina”, analizó.El joven consideró que “esperamos que estas conquistas continúen. Tenemos mucha confianza en que si gana el Frente para la Victoria así será y que seguiremos ampliando derechos. Si no, seremos los primeros en estar ahí para defender lo logrado y militar por más”.
Participaron de la movilización cientos de militantes de la Juventud Peronista, La Cámpora, la Unión de Estudiantes Secundarios, Nuevo Encuentro, Unidos y Organizados, y Movimiento Evita, entre otros.
De la marcha, que comenzó en la calle 7 y 45, y culminó en la puerta del Ministerio de Infraestructura, en 7 y 58, con un festival y con música de Los Gardelitos, también participó la sobreviviente Emilce Moler, quien dijo a esta agencia “cada vez hay más banderas de agrupaciones políticas en estas marchas”.
“Yo recuerdo que en las primeras marchas solamente éramos organismos de derechos humanos con grandes banderas de ‘memoria, verdad y justicia’ porque estábamos en plena impunidad”, profundizó y destacó que “desde 2003, con una política de estado, este gobierno tomó esas luchas e hizo agenda a las políticas de derechos humanos”.
Remarcó que “los principales genocidas están encarcelados y eso permite el resurgir de la política y que los chicos vuelvan a creer en ésta. Es muy reconfortante y mitiga los dolores” y manifestó que “la política y la militancia son para ayudar al otro, a los más necesitados”.
Celebró la reglamentación del boleto estudiantil al considerarla “una ley histórica y reparadora” y afirmó que “no puedo ser objetiva, para mí está cargada de luchas, de simbolismos; pero en este contexto es casi lógico y ayuda a todas las otras políticas de inclusión educativa que se vienen haciendo”.
La noche del 16 de septiembre de 1976 se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a 9 jóvenes que tenían entre 16 y 18 años, y en su mayoría eran integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), quienes reclamaban por el boleto estudiantil secundario gratis.
Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron arrancados de sus domicilios esa noche; en tanto el 17 los represores apresaron a Emilce Moler y Patricia Miranda.
Cuatro días después fue detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.
Moler, Díaz y Miranda recuperaron la libertad tras permanecer varios años entre cautivos y detenidos, en tanto los seis restantes permanecen desaparecidos.
