"El estado de emergencia en vigor en Francia y la ley de vigilancia de comunicaciones electrónicas imponen restricciones excesivas y desproporcionadas a las libertades fundamentales", ha denunciado este martes un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un comunicado.
Asimismo ha exigido al Gobierno francés que no extienda el estado de emergencia más allá del 26 de febrero —la fecha límite fijada por la ley que se adoptó tras los ataques del pasado 13 de noviembre en París (capital francesa)— , y que garantice la protección de los ciudadanos.
"Forma parte de las obligaciones internacionales del Estado francés garantizar la adecuada protección contra los abusos cuando se recurre a medidas de excepción y medidas de vigilancia en el marco de la lucha contra el terrorismo", han dicho los expertos.
Las medidas excepcionales adoptadas por Francia bajo el estado de emergencia incluyen la prohibición de manifestaciones públicas y permiten a las autoridades disolver los grupos que inciten a actos que afecten el orden público en el país europeo; además permiten a la Policía mantener a la gente en sus hogares, detenerla sin llevarla a juicio, allanar casas sin aprobación judicial y bloquear páginas Web sospechosas.
Los expertos, a su vez, para asegurar el estado de derecho y evitar procedimientos arbitrarios, han sugerido un control judicial previo a las medidas antiterroristas y han denunciado que la ley sobre el estado de emergencia, —que amplía temporalmente los poderes del Ejecutivo francés, en particular en la lucha contra el terrorismo— "solo permite un control judicial a posteriori".
Igualmente, han calificado de “particularmente alarmante” el arresto domiciliario de activistas ecologistas en el marco del estado de emergencia, unas medidas que "no parecen ajustarse a los principios fundamentales de necesidad y proporcionalidad", han subrayado.
El 19 de noviembre de 2015, el Parlamento francés aprobó extender, por un periodo de tres meses, el estado de emergencia, atendiendo una solicitud formulada por el presidente de Francia, François Hollande, tras los sangrientos ataques en París, reivindicados por el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe).
Sin embargo, los ciudadanos franceses denuncian el estado de emergencia y el estado policial impuestos, y acusan al Gobierno de querer acallar las protestas populares.
Por su parte, el director del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), Abdolá Zekri, advirtió el 20 de noviembre de 2015, que los actos de violencia contra los musulmanes han aumentado en Francia tras los referidos atentados, que dejaron al menos 130 muertos.
