Tal y como precisa la referida ley, todos los actos con motivo de "xenofobia, discriminación o prejuicio de raza, color, etnia y religión" se definen como "actos terroristas”, ya que los considera como unas acciones que pueden convocar el “terror social”.
En este mismo contexto, la norma establece una pena de cárcel de entre 12 y 30 años para los actos criminales en los que se han empleado "explosivos, gases tóxicos, venenosos, contenidos biológicos, químicos, nucleares u otros medios capaces de causar daños o promover destrucción en masa".
Asimismo, considera también actos terroristas, la depredación de bienes públicos, el sabotaje de sistemas informáticos, o la toma violenta de puertos, aeropuertos, hospitales u otras instituciones públicas.
Sin embargo, la aludida ley excluye los actos que se cometen durante las protestas políticas y sociales que tienen como objetivo defender los derechos y las libertades constitucionales. Esta parte de la norma se aprobó después de una discusión de los legisladores, que duró unos meses, en ambas cámaras del Congreso brasileño.
Esta cláusula de los legisladores brasileños, anteriormente, fue considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de suma necesidad e importancia, puesto que sin ella se verían perjudicados “los derechos de libertad de reunión y asociación pacífica, así como la libertad de expresión de la población”.
Con todo esto aun los actos violentos en las manifestaciones siguen siendo sujetos a las penas previstas en el Código Penal brasileño.
Cabe mencionar que para la entrada en vigor de la norma se necesita que esta sea sancionada por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
