"No hay ninguna posibilidad de regreso a esa teoría porque para el gobierno está perfectamente claro que el que violenta los derechos humanos es siempre el Estado, que es el encargado de protegerlos", dijo el funcionario.
Avruj recibió a Télam en su despacho, que mudó desde el centro porteño al edificio que ocupó la cocina de cadetes en la antigua Esma, el ex centro de detención y exterminio de prisioneros políticos convertido durante el kirchnerismo en museo, que alberga al Archivo Nacional de la Memoria.
La charla transcurrió en medio del ruido de cánticos y bombas de estruendo de empleados que denuncian una ola de despidos de estatales de áreas de Derechos Humanos de diferentes reparticiones públicas, como parte del giro en las políticas oficiales.
"No hay despidos masivos. Cayeron gran cantidad de contratos de julio del 2015 y ahora se están analizando las plantillas de personal. Detectamos por el relato del personal que hay mucha gente que no viene o no puede justificar el rol para el que está contratada. También hay muchos que llegaron en comisión y no sabemos con qué tarea", sostuvo.
¿De qué números está hablando?
Estamos revisando toda la plantilla de personal. La Secretaría tiene una planta, según la información que tenemos, de 2250 personas y hubo unas 70 bajas. También le pedimos la renuncia de directores y coordinadores (con designaciones política). Y cometimos algunos errores, como desafectar a abogados querellantes (por el Estado) en provincias como Jujuy y Santiago del Estero, pero se está corrigiendo.
¿Los organismos de derechos humanos denuncian que en los ministerios de Justicia y Seguridad, y en el Banco Central se desarticularon las áreas ligadas a derechos humanos?
Lo que encontramos fueron muchos programas repetidos aun dentro de un mismo ministerio. Por ejemplo, el programa Verdad y Justicia estaba "duplicado" dentro de la propia Secretaría. Eso generó una sobredimensión. Y ocurre que esos programas análogos no estaban coordinados entre sí. Estamos analizando con la ayuda de la Sigen y a fin de marzo estará todo terminado. La idea es optimizar los recursos del Estado. Tener clara la fuerza de trabajo con que contamos.
Lo que se denuncia es que el gobierno quiere desarticular la política de derechos humanos heredada.
El Gobierno no va a dar marcha atrás en eso y ya ha dado muchos signos de continuidad porque se trata de políticas de Estado. Para empezar van a continuar los juicios por crímenes por de lesa humanidad y el Estado seguirá siendo querellante.
Mantendremos los programas de Verdad y Justicia muy centrados en el aspecto educativo a través del Archivo Nacional de la Memoria. Hay proyectos como el de Abuelas que ponderamos mucho y seguiremos dándole el mayor apoyo, en términos económicos incluso.
Los organismo Derechos Humanos lamentaron no haber sido recibidos por el presidente Mauricio Macri.
No hubo ningún desaire en eso, fue una cuestión de oportunidad. El Presidente los va a recibir porque no tienen ningún problema en hacerlo. Pero ya los recibimos en la Casa Rosada el jefe de gabinete (Marcos Peña), el ministro de Justicia (Germán Garavano) y yo. Estaban las Madres Línea Fundadora, Abuelas, Cels. ADHP, Buena Memoria. Allí quedó claro que los derechos humanos son una política de estado.
¿No es un giro haber recibido en este a un grupo los familiares de "víctimas del terrorismo"?
El Gobierno no recibió ni va a recibir a reivindicadores del terrorismo de Estado o del golpismo. Recibí a un grupo que familiares que reclamaban la visibilización de sus casos.
Una era hija de un gerente de Bunge y Born, otro de un directivo de un organismo previsional y otro de un industrial metalúrgico, muertos por la guerrilla. Los recibí acá porque acá tengo el despacho.
¿Eso sugiere un retorno a la teoría de "los dos demonios"?
No hay ninguna posibilidad de regreso a esa teoría porque para el Gobierno está perfectamente claro que el que violenta los derechos humanos es siempre el Estado, que es el encargado de protegerlos. Pero también que esos son derechos de la gente y no de los gobiernos, que deben cuidarlos.
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Esa dirigente fue detenida por orden de un juez, que es lo que el Estado debe proteger. En eso y en todo lo que se hizo bien en estos últimos años no vamos a volver atrás.
Los organismos de derechos humanos siente como ajenos a su lucha a los nuevos funcionarios.
El responsable de fijar la línea y designar a los funcionarios es el Gobierno. Para nosotros los organismos deben ser autónomos, independientes del Estado. Hay que escucharlos pero no cooptarlos. Nosotros creemos que hubo una fusión y eso es incluso una polémica dentro de los mismos organismos.
Usted desautorizó a Darío Lopérfido. ¿Es porque habló de "sólo 7 mil desaparecidos" o porque dijo que se fabricaban denuncias para cobrar subsidios?
No avalamos ninguna de esas ideas porque no es el debate de fondo. Mil, 10 mil o 30 mil sería lo mismo. Se puede admitir que en la base de datos del Estado contiene 10 mil denuncias, pero sabemos que hay casos que no fueron denunciados y otros que nos se conocen. Pero el número de 30 mil es emblemático y discutirlo es banalizar el terrible daño que el terrorismo de estado nos causó.
¿Va a haber continuidad en las políticas reparatorias?
Naturalmente. Acá hay un conjunto de leyes que se van a cumplir. Se pagó mucho y se seguirá pagando a condición de que los beneficiarios cumplan con los requisitos.
(Telam)
