Los imputados son Eduardo José María Lance, Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza, Horacio Alberto Conditi y Alberto Luis Devoto, acusados de haber participado en la desaparición de tres personas, víctimas de los denominados "vuelos de la muerte" durante la última dictadura cívico-militar.
En el escrito, los fiscales de la Secretaría de Derechos Humanos de San Martín, destacaron que “la estructura de la Plana Mayor Operacional del Batallón de Aviación 601 tenía como jefe a del Valle Arce, segundo jefe a Malacalza".
En tanto, su plana mayor estaba integrada por los oficiales de Personal Conditi y Devoto -este último también integraba la sección Inteligencia-, y por último, el oficial Lance en Operaciones y Logística.
"Todos actuaban de manera conjunta y coordinada para el éxito de las operaciones relacionadas con la denominada ‘lucha contra la subversión’”, señalaron García Ordás y Bogetti.
Las víctimas son Juan Carlos Rosace, Adrián Enrique Accrescimbeni y Roberto Ramón Arancibia, quienes, de acuerdo a los elementos probatorios recogidos por los fiscales, permanecieron secuestrados en Campo de Mayo.
Accrescimbeni y Rosace, compañeros del cuarto año del Colegio Mitre de San Martín, fueron privados de su libertad el 5 de noviembre de 1976 y luego fueron vistos en el centro clandestino de detención conocido como "El Campito".
Sus cuerpos aparecieron juntos a fin de aquel año en la zona sur del Río de la Plata, a la altura de la localidad de Punta Indio, y luego inhumados como NN en el cementerio de la ciudad de Magdalena.
Arancibia, en tanto, fue secuestrado el 7 de mayo de 1977 y fue visto en el centro clandestino El Vesubio, en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, hasta que luego fue trasladado a Campo de Mayo -sede del Cuerpo IV- donde se lo vio por última vez con vida, según las referencias brindadas por sobrevivientes.
Según el sitio Fiscales.gob, en el expediente se señala que su cuerpo apareció en la costa de Santa Teresita el 24 de febrero de 1978.
La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, será la encargada de resolver el pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
