El embajador palestino en USA, Maen Erekat, dio a conocer el domingo la noticia, al explicar que se trataba de una iniciativa de la legisladora republicana, Kay Granger, bajo el pretexto de que Palestina apoya el “terrorismo”.
Erekat aseguró que algunos diputados proisraelíes del Congreso buscan presionar a Palestina para reanudar los diálogos con los israelíes e impedir que Palestina se adhiera a las organizaciones y convenciones internacionales.
Fue el año 2014 cuando las autoridades palestinas solicitaron oficialmente unirse a los 15 convenios internacionales, incluyendo a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que permitiría a Palestina a presentar quejas contra Israel por los crímenes de guerra.
Washington asignó 440 millones de dólares de ayuda a los palestinos en 2015, incluyendo 131 millones para proyectos económicos y de desarrollo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Setenta millones de dólares de esta cantidad de dinero, según el plan del presidente Barack Obama, fueron destinados a las agencias palestinas y los servicios de seguridad palestinos, mientras 80 millones se dedujeron en octubre de 2015 tras las acusaciones del régimen de Israel de que las autoridades palestinas “incitan” la violencia.
Las tensiones en los territorios ocupados palestinos no han hecho más que aumentar desde septiembre de 2015, tras una serie de incursiones y profanaciones a la Mezquita Al-Aqsa, ubicada en la ciudad de Al-Quds (Jerusalén), lo que provocó la ira del pueblo palestino.
Ya van más de 206 los palestinos que han perecido a manos de soldados israelíes desde principios de octubre de 2015, de acuerdo con estadísticas ofrecidas por las autoridades palestinas.
Mientras tanto, cada posibilidad para la reanudación de las negociaciones palestino-israelíes parece estar estancada debido a las medidas del régimen de Tel Aviv, sobre todo la expansión de los asentamientos, considerados ilegales por la comunidad internacional, en los territorios palestinos.
El régimen de Israel trata de alterar la composición demográfica de Al-Quds construyendo asentamientos ilegales, destruyendo sitios históricos y expulsando a la población palestina local, y el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, hace caso omiso a las llamadas internacionales para detenerlo.
