Adicionalmente, estipula que las comisiones cobradas por las inmobiliarias sean estrictamente determinadas por ley en cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, sean siempre inferiores o iguales a un mes de alquiler.
Por último, el proyecto supone la eliminación del plazo de seis meses para la rescisión del contrato (que podría hacerse al inicio del mismo) y señala que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.
"Argentina es un país atrasado en materia de alquileres y esta norma viene a poner un poco de seriedad y a equilibrar las asimetrías en la relación entre inquilino, propietario, inmobiliarias y mercado”, dijo a Télam Gervarsio Muñoz, referente del Frente Nacional de Inquilinos.
Tras resaltar que es la primera vez que organizaciones de inquilinos de todo el país participan de la elaboración de una norma de esta naturaleza, Muñoz destacó que el objetivo es "quebrar con una lógica cultural según la cual el mercado es el que rige las condiciones” y los precios de los contratos de alquiler.
"Argentina es un país atrasado en materia de alquileres y esta norma viene a poner un poco de seriedad y a equilibrar las asimetrías en la relación entre inquilino, propietario, inmobiliarias y mercado”
"Si logramos instalar que el precio del alquiler no tiene que ver con el precio de mercado sino con los índices económicos y que tiene límites, no ocurría lo que sucede ahora, que aumentan todo lo que quieren”, agregó.
La presentación de la iniciativa llega en un momento de inflación creciente, alzas impositivas y tarifarias que, según sus autores, “dieron vía libre a la especulación inmobiliaria”, lo que se traduce en que "los aumentos superan los índices de inflación más altos”.
"Los aumentos en los precios de los alquileres desde noviembre pasado rondan el 46 por ciento y en algunos casos llegan al 60 por ciento. A estos, hay que sumar los discrecionales incrementos de las expensas -nunca del todo claros- que deben pagar los inquilinos”, dijo a Télam García Larraburu, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Río Negro.
La legisladora aseguró que el incesante aumento de precios “está acorralando en particular a una clase social, la de los trabajadores”, que “están viviendo una situación un poco límite porque una de cada tres familias alquila, prácticamente tienen cerrado el acceso al crédito y se ven sometidos a los manejos arbitrarios” del mercado inmobiliario, lo cual “es muy injusto”.
"Si sumamos el 100 por ciento de aumento en el transporte, el 300 por ciento en el gas y el 500 por ciento en la luz, el alquiler termina siendo una espada de Damocles que está sobre las familias”, dijo.
Para Muñoz "lo fundamental y más importante es pasar de dos a tres años” el plazo mínimo de los contratos de alquiler para vivienda, porque sería "un cambio significativo en la vida” de las familias no propietarias.
"Agregar un año más de contrato cambia sustancialmente la vida de una familia, que ya no tiene que pensar en mudarse cada dos años. Además, cuando tenés más tiempo de contrato, el inquilino empieza a establecer una relación con el dueño y puede conseguir condiciones más justas y que las cuestiones legales perduren más en el tiempo”, dijo.
En sus fundamentos el proyecto asegura que "los costos de alquiler ocupan alrededor del 50 por ciento de los ingresos totales del hogar” y que, mientras año a año cae el número de propietarios, la cantidad de familias que alquilan está en alza.
Así, mientras el 1980 el 71,4 por ciento de las familias eran propietarias, en 2001 sólo el 70,64 tenía acceso a una vivienda y el 67,70 en 2010.
Como contrapartida, la cantidad de hogares de alquiler subió sostenidamente del 11,4 por ciento en 2001 al 18,6 por ciento actuales.
El texto compara también la evolución de los precios al consumidor con el aumento promedio de los alquileres: mientras el IPC Indec para el 2015 fue del 17,1 por ciento y el IPC Congreso del 25,5 por ciento, el aumento promedio de los alquileres fue del 38,4 por ciento.
Para el mismo período, el coeficiente de variación salarial fue del 30,11 por ciento.
