Los datos fueron recogidos por el Comité Brasileño de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, como Artigo 19, Justiça Global, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el Consejo Indigenista Misionero (CIMI). Según la CPT, el 90% de los casos ocurrieron en los estados de Maranhão, Pará y Rondônia.
La investigación fue enviada, por medio de denuncia, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de presionar al gobierno de Brasil para que proteja a los defensores y castigue a los autores de los crímenes.
Aborígenes
Entre los homicidios investigados por el comité están los de cuatro aborígenes del pueblo Guajajara, en la Tierra Indígena Arariboia, estado de Maranhão. Ellos ocurrieron en el intervalo de menos de un mes, entre el 26 de marzo y el 22 de abril. Los cuatro indígenas fueron asesinados en la ciudad de Amarante do Maranhão, vecina a la tierra indígena.
Según el CIMI, hay poca fiscalización en el lugar y los crímenes no son investigados. El territorio, que está demarcado y es habitado por los Guajajara y los Awá, sufre con la presión de madereros, lo que trae inseguridad.
“Creemos que la primera razón para tantos homicidios y la creciente violencia contra los pueblos indígenas es precisamente la lentitud del Estado en responder a las demandas urgentes, que son las demarcaciones de tierras, para interrumpir los conflictos”, dijo Alessandra Farias, asesora jurídica del CIMI. La organización señala que los indios están constantemente amenazados en varios estados y tienen los recursos de sus territorios explotados ilegalmente.
“El no reconocimiento de las tierras indígenas está directamente vinculado a las intenciones del gobierno federal de construir grandes presas, como en el caso de São Luiz do Tapajós, que, si se construye, inundará pueblos, bosques y cementerios de la Tierra Indígena Sawré Muybu, del pueblo Munduruku”, dice el informe del CIMI.
Conflictos agrarios
Los conflictos agrarios no afectan solo a los indígenas, sino también a miembros de los movimientos sociales. Antonio Neto, investigador de Justiça Global, dijo que los homicidios en el campo “muestran antes de todo una deuda histórica del Estado brasileño de resolver el problema agrario”.
"No sirve de nada pensar en políticas paliativas de protección y cuidado para defensores de los derechos humanos en el país si no resolvemos esta deuda histórica con la cuestión de la tierra”, dijo.
Ariovaldo Umbelino de Oliveira, investigador de la cuestión agraria brasileña y profesor de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (USP), atribuye la violencia actual en el campo a la ausencia de una reforma agraria real en el país y a la caída el número de nuevos asentamientos.
Según el profesor, hubo dos picos de asesinatos resultantes de conflictos en el campo brasileño. El primero fue en 1985, durante el gobierno de José Sarney, tras la aprobación del 1er Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA). El mismo año, terratenientes crearon la Unión Democrática Ruralista (UDR), con el fin de defender sus intereses y oponerse al plan. En aquel año, el número de muertes a causa de conflictos en el campo llegó a 139. En los años siguientes, se fue disminuyendo y bajó a 21 asesinatos en 2001.
Oliveira destaca que, ya en 2003, cuando se presentó el 2º PNRA, los homicidios se reanudaron y alcanzaron la marca de 73. “Antes fue para imposibilitar la reforma agraria. Ahora es porque no se la hizo. La ausencia de la reforma agraria es que hace que los conflictos crezcan”, dijo.
El profesor también cuestiona la forma como los datos son divulgados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Ellos incluyen no solo los llamados nuevos asentamientos, sino también los casos de regularización de ocupaciones ya existentes, reconocimientos de antiguos asentamientos e incluso situaciones en las que el gobierno tuvo que reubicar a un grupo debido a una obra pública.
“Él [Incra] contabiliza todo como reforma agraria, y no es”, dice Oliveira. “El gobierno de Lula, en el primer mandato, dijo que asentó a 381 mil familias, pero, de hecho, fueron solo 150 mil familias en los nuevos asentamientos”, dijo el investigador en un documento de la Comisión Pastoral de la Tierra. En el segundo gobierno de Lula, fueron 65 mil familias en nuevos asentamientos. En el primer gobierno de Dilma, fueron 31 mil, “el número más bajo en comparación incluso con la época de los militares”, según el investigador.
Incra
Respecto a la relación entre la violencia en el campo y la falta de una reforma agraria, el Incra dijo, en un comunicado, que “los conflictos en el campo están relacionados con varios factores, tales como la lucha por el acceso a la tierra, litigios relativos a la posesión de las áreas, la tala ilegal y el desarrollo de actividades económicas en la zona rural”, y que no es correcto hablar de falta de reforma agraria. El instituto informó que no acompaña los conflictos agrarios y no tiene datos para comprobar si hubo o no un aumento de la violencia en el campo.
Sobre los datos de la reforma agraria, el Incra dice que no se limita solo a las familias asentadas en los nuevos asentamientos y que la ley reconoce como beneficiarios de la reforma agraria a los agricultores sin tierra, ocupantes ilegales, empleados, socios o arrendatarios, además de agricultores cuya propiedad no sea superior a un módulo rural, que varía en tamaño dependiendo del estado.
Los Sin Tierra
La investigación del Comité Brasileño de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos también menciona las muertes de dos miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el 7 de abril, en el estado de Paraná. Las víctimas pertenecían al campamento Dom Tomas Balduíno, en la ciudad de Quedas do Iguaçu.
Según el informe, unos 25 trabajadores circulaban en camioneta y motocicleta dentro del área pública promulgada por la Justicia, haciendo una patrulla de rutina, cuando fueron sorprendidos por la policía y guardias de seguridad privada de una compañía, quienes habrían iniciado los disparos.
En la versión de la policía, dos equipos de la corporación acompañaban a un grupo de empleados de la compañía Araupel en la lucha contra un incendio dentro de la hacienda de celulosa de la empresa, ocupada por los Sin Tierra. Los equipos habrían sido víctimas de una emboscada organizada por más de 20 miembros del MST y habrían reaccionado al ataque, lo que resultó en la muerte de dos campesinos y dejó heridos.
Programa de Protección
Antonio Neto, de Justiça Global, considera el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), del gobierno federal, una herramienta importante en el contexto de los conflictos de tierras.
El programa fue creado en 2004, comenzó a funcionar en 2005 y tiene por objeto garantizar la protección de personas en situación de riesgo o amenazadas debido a su papel en la protección de los derechos humanos.
“Nos esforzamos por ser una política eficaz y que pueda ayudar en la articulación de medidas que hagan que la actuación de los defensores de derechos humanos esté protegida y garantizada por el Estado brasileño, para que ellos puedan hacerlo bajo la luz de la Constitución, que prevé y asegura que las personas puedan trabajar libremente y con seguridad, sin atentados contra su vida”, dijo Neto.
Julia Lima, coordinadora de protección y seguridad a la libertad de expresión de Artigo 19, recordó que el programa completó diez años el año pasado y todavía tiene problemas estructurales. “El primer problema es que no hay un marco legal, así que no es una política pública fija y consolidada con las autoridades brasileñas”, dijo.
Según la coordinadora, la falta de una ley deja el programa vulnerable y con riesgos de extinguirse a cualquier momento, “especialmente en esta situación que atravesamos, de conflictos políticos”. El proyecto de ley que establece el programa se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados desde 2011.
Antonio Neto señala que, debido a la ausencia de una ley específica, la asociación con los estados depende de la buena voluntad del gobierno local y de la relación con el gobierno federal. “No es suficiente solo firmar una ley para hacerla efectiva. Hay también un trabajo de discusión y convencimiento de los estados para que pongan en práctica la política. Pero, sin lugar a dudas, el marco legal es muchísimo importante que esa política se extienda a otros estados”, agregó el investigador.
*Por Camila Bohem, Agencia Brasil
