El pasado 4 de mayo la Legislatura jujeña aprobó la Ley 5.915/16 de Servidumbres Administrativas de Electroducto y Régimen Especial de Constitución de Servidumbres Administrativas para el Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables sobre Inmuebles de Propiedad Comunitaria, a partir de la cual el Estado Provincial autoriza a terceros a establecerse y trabajar en territorio de las comunidades indígenas.
Según denunciaron Carlos Colque, presidente de la comunidad aborigen de Molulo, y Raúl Sajama, miembro de la comunidad indígena de Angosto del Perchel de Tilcara, la nueva normativa va en detrimento de los pueblos originarios ya que autoriza a empresas privadas a hacer uso de sus tierras sin ningún tipo de consentimiento o consulta.
"Nos han dejado totalmente indefensos con esta ley. Uno de sus puntos establece que cuando el Estado apruebe un proyecto, automáticamente el concesionario puede ingresar a las comunidades por donde ellos consideren conveniente, sin consultar a las comunidades ni siquiera cuál es el mejor camino", expresó Colque.
"Vamos a tratar de reunirnos con algunos diputados para ver cómo podemos enmendar esta situación", anticiparon.
"Mediante esta ley están autorizados a ocupar las tierras que necesiten para construir, para servicio de vigilancia y control y no hay mención de alguno limite. O sea que todo es al criterio del concesionario", apuntó el referente aborigen y remarcó que de esta manera se está despojando a los pueblos originarios de sus territorios. "Esto es un nueva avasallamiento de nuestro derechos, les están dando las herramientas para que nos despojen de nuestras tierras", enfatizó Colque.
Asimismo, Raúl Sajama señaló que la Ley 5.915 viola tratados internacionales, el artículo 15 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y sus prórrogas, Ley Nacional 24.071 (Convenio 169) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
"Esta nueva ley constituye un despojo territorial encubierto de las comunidades indígenas", refirió.
"Desde el momento en que se presentó este proyecto y fue tratado por los diputados, esta ley va en contra de nuestro derechos", expresó Sajama y precisó que según establece la Ley 24.071, los pueblos indígenas deben ser consultados en todos los intereses que les afecten.
Ante esto, mencionó Sajama, elevaron notas al gobernador Gerardo Morales y al vicegobernador Carlos Haquim para que se revea la legislación pero no obtuvieron respuestas.
Por ese motivo, agregó el referente, solicitaron la intervención del fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, el cual tiene la función de demandar ante cualquier fuero y jurisdicción cuando los actos del Estado, fueren en contra de la Constitución. "Decidimos apelar a la obligación que tiene el fiscal de Estado y le presentamos una nota para que intervenga y logremos remediar esta situación", manifestó.
(El Tribuno, Jujuy)
