De acuerdo con las palabras de la reina británica Isabel II, que ha anunciado el proyecto de ley en su discurso sobre el programa legislativo del Gobierno en la ceremonia de apertura del Parlamento, la ley "prevendrá la radicalización, hará frente al extremismo en todas sus formas y promoverá la integración comunitaria".
De aprobarse, la ley impondría restricciones a la contratación de personas con condenas previas por incitación al odio y otros delitos relacionados con el extremismo. También prohibirá a los designados como ‘extremistas’ trabajar con niños y cerraría algunas lagunas legales para que el regulador de comunicaciones OFCOM pueda impedir la difusión de material extremista desde el extranjero.
Se pondrán competencias para acotar radicalmente la libertad de expresión en manos de ministros que pintan a sus oponentes políticos como extremistas y ‘amenazas para la seguridad nacional'", denuncia Rachel Robinson, responsable política de la organización de derechos civiles Liberty.
Sin embargo, activistas defensores de los derechos civiles han calificado esta nueva ley como una herramienta de represión orientada a restringir la libertad de expresión y acallar las voces opositoras. También han criticado el hecho de que esta ley sería innecesaria, porque ya existen leyes contra el terrorismo y la incitación al odio.
El prominente laboratorio de ideas Quilliam Foundation, que ha colaborado ya anteriormente con el Gobierno en su estrategia contra el extremismo, también ha criticado el proyecto de ley, que asegura que podría ser contraproducente.
Ya en octubre de 2015, la estrategia del primer ministro David Cameron para combatir el extremismo fue objeto del contundente rechazo de la comunidad musulmana, que deploraba que el plan del Gobierno se basase en un análisis pobre.
