El 14 de julio de ese año, Soria fue detenido por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA, y posteriormente torturado en Villa Grimaldi. El cuerpo del también funcionario de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe fue encontrado en su auto, intentando aparentar que había tenido un accidente causado por la ingesta de alcohol.
Este caso es investigado por el ministro del máximo tribunal del país, Lamberto Cisternas, y de acuerdo a Radio Bío-Bío, se requirió en calidad de autores de detención, torturas y homicidio a los otroras agentes de inteligencia Armando Fernández Larios, el ciudadano de nacionalidad cubana Virgilio Paz Romero y el norteamericano Michael Vernon Townley Welch.
Uno de los argumentos que presentó para estos efectos la sala penal de la Corte, fue el Tratado de Extradición entre Chile y Estados Unidos, suscrito el 17 de abril en 1900.
Además de estos tres ex agentes, otros 12 miembros del organismo represor de la Dictadura están procesados por homicidio.
El chileno Fernández Larios y Townley permanecen bajo el sistema de protección a testigos en Estados Unidos, después de que colaboraran en el juicio por el crimen de quien fuera el canciller chileno, Orlando Letelier, ocurrido en Washington el mismo año.
La Corte Suprema ordenó oficiar a la cancillería chilena para que tramite las extradiciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
