Almeyda pidió celeridad en la causa judicial para poder dar con los responsables: "Sabemos que el fiscal está haciendo todo lo posible, pero queremos que se intensifique la investigación".
Por otro lado, denunció que "este Gobierno está tratando de barrer como un tsunami los avances logrados hasta la fecha en derechos humanos" y llamó a "estar alertas no solamente por las amenazas de bomba, sino también por todas las vulneraciones a los derechos humanos, como el derecho al trabajo", en alusión a los cientos de miles de despidos desde la asunción de Mauricio Macri.
Las declaraciones se dieron en el marco de una conferencia de prensa, donde la seccional porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se presentará como querellante en la causa judicial. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se deterioran nuestras políticas públicas ante las amenazas de bomba", expresó el secretario general del sindicato, Daniel Catalano.
"Nuestro deber es hacer pública esta situación, incluirnos en la causa y evaluar las mejores condiciones para no dar lugar a que aquellos que atentan contra nuestra institucionalidad sigan avanzando", sostuvo Catalano.
La conferencia fue convocada por el sindicato y organismos de derechos humanos frente a las más de 50 amenazas de bomba recibidas desde junio de 2015 en el ex centro clandestino de detención, y contó con la participación de Ivan Wrobel (Responsable de Derechos Humanos de ATE Capital), Romina Chiesa (Delegada Pro-Organización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y Diego de los Santos (Delegado General de la Junta Interna del Ente Público).
