Las violaciones a los derechos humanos en la Penitenciaría provincial de Mendoza fueron el eje del alegato de la Fiscalía durante esta semana en el histórico juicio que se desarrolla en esa capital a ex militares, ex miembros de fuerzas de seguridad y ex jueces por los crímenes durante el terrorismo de Estado. "El penal provincial funcionó como un verdadero centro clandestino de detención y tortura", definió el fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante.
Los alegatos de la Fiscalía -que está encabezada por el fiscal general Dante Vega y cuenta además con la intervención de la fiscal subrogante Patricia Santoni- comenzaron el 14 de marzo pasado en este debate que lleva más de dos años de audiencias.
En su exposición durante el lunes y el martes pasado, Rodríguez Infante trazó un paralelo de los padecimientos de los prisioneros políticos de la cárcel mendocina con las realidades acreditadas en otros juicios orales y públicos que abordaron los crímenes cometidos en ámbitos penitenciarios.
"Ya para la época del informe Nunca Más, se mostraba con claridad la sistematicidad en el rol de los penales dentro del esquema represivo: son nueve los establecimientos penitenciarios que dicho informe contempla en su listado de centros clandestinos de detención", indicó el representante del Ministerio Público y, en ese sentido, enumeró la Cárcel de Encausados, la Unidad Penitenciaria Buen Pastor y la Unidad Penal 1 de Córdoba; la Cárcel de Villa Floresta, Bahía Blanca; la Penitenciaría de San Salvador de Jujuy; la Penitenciaría de Chimbas en San Juan; la Sección E de la Penitenciaria de Villa Urquiza, en San Miguel de Tucumán; y la Unidad Penal N°9 de La Plata.
Por los crímenes en la Penitenciaria de Mendoza, llegaron acusados a este juicio los ex agentes Oscar Alberto Bianchi y Pedro Modesto Linares Pereyra, quienes tuvieron bajo su custodia a los presos políticos alojados en el pabellón N°11. Las situaciones de los dos ex guardias estuvieron en el foco del alegato. Ambos están acusados de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita.
Rodríguez Infante analizó los crímenes en el penal categorizando "las diversas prácticas que allí tuvieron lugar". De tal forma, puntualizó las sesiones de tormentos, los interrogatorios, otras expresiones de violencia física como las requisas, la situación de las celdas de aislamiento, la violencia física en los traslados y las condiciones de detención en sí mismas como tortura, aún prescindiendo de la violencia física.
La Peluquería
El fiscal ad hoc recordó que la mayor parte de los sobrevivientes señalaron en sus testimonios a la peluquería del personal penitenciario como el escenario de las sesiones de tormentos dentro de la cárcel. "En la Peluquería bajaban a los compañeros para interrogarlos, y cuando digo interrogatorios digo torturas, volvían hechos un desastre, ensangrentados y golpeados", declaró una víctima, citada por la Fiscalía en el alegato.
También, hubo traslados fuera del penal para los interrogatorios bajo tortura: algunos ex prisioneros indicaron que fueron llevados a la VIII Compañía de Comunicaciones de Montaña, al Liceo Militar General Espejo y a lugares que no pudieron identificar.
"Dependerán del caso concreto, pero hay un patrón común: si el prisionero está sin vendas, es encapuchado o vendado; si se encuentra con sus manos libres, es maniatado; siempre hay insultos y pechones, a veces golpes y patadas: es llevado caminando, a empujones, a la rastra, a la sala de interrogatorios, y el regreso es peor aún, por las condiciones en que salían los prisioneros", reseñó Rodríguez Infante los traslados a la tortura, y luego recordó que varios testimonios ubicaron a Bianchi y a Linares en la perpetración de esos crímenes.
Además de las declaraciones de los testigos, el fiscal ad hoc recordó las denuncias que un grupo de víctimas había realizado en enero 1984, poco más de veinte días después de recuperado el Estado de Derecho. Esas denuncias escritas mencionaban entre los autores a Bianchi y Linares, tanto en la entrega de los detenidos a otros torturadores como "tomando parte durante la sesión de tortura".
Las requisas
El 24 de julio de 1976, Namán García asumió como director del penal. Ese día el Ejército y los penitenciarios golpearon, "molieron a palos" -tal las expresiones de las víctimas- a los prisioneros alojados en el penal. Una modalidad utilizada en Mendoza, común también en otros penales del país, consistió en hacer desfilar a los prisioneros en medio de una doble fila de militares y penitenciarios que, en ese pasillo humano, les aplicaban todo tipo de golpes.
También, llevaron a cabo otras formas de tortura: Bianchi fue visto parado y sentado sobre la espalda de un prisionero a quien hicieron subir las escaleras "gateando" apoyado en los codos. También hubo personas que aquél día de invierno debieron permanecer desnudas a la intemperie en el patio del penal, con las manos apoyadas contra el muro mientras sobre sus espaldas los represores apagaban cigarrillos y fósforos.
La faena se completó aquél día con la destrucción de las pocas pertenencias que tenían los detenidos. Los destrozos, los golpes y la obligación de desnudarse también formaron parte de otras requisas.
En base a la prueba recogida, Rodríguez Infante describió que, generalmente, a las requisas sucedían los traslados de prisioneros a los calabozos de castigo o aislamiento, también conocidos como "chanchos", donde las víctimas eran torturadas en un ámbito de mayor privacidad para los represores.
El sistema de represión penitenciario además sumó otra modalidad, también denunciada en la actualidad como violatoria de derechos básicos: el traslado a otros penales del país que fue una forma de destierro. "Fue durante las dos últimas dictaduras cívico-militares cuando el traslado como pena adicional se sistematiza, lo que ha quedado demostrado también en ese juicio: no es casualidad que prácticamente todos los testigos que declararon aquí y que estuvieron detenidos durante la dictadura hayan sido trasladados desde Mendoza a algún otro lugar del país, incluso la mayoría de ellos a más de un destino, concretándose la finalidad del traslado como castigo adicional, alejamiento de los seres queridos, de los abogados y de toda asistencia en general", evaluó Rodríguez Infante al reseñar diversos casos.
El miedo es tortura
Al caracterizar las condiciones de detención en el penal, que consideró como parte de la aplicación de tormentos, el fiscal ad hoc remarcó que "fueron precisamente producto de una política deliberada dirigida a aniquilar, física o moralmente, al 'enemigo interno' que estas personas 'representaban'" y que "formó una parte muy importante del plan sistemático de terror estatal implementado en nuestro país, en el cual el sometimiento de las personas privadas de su libertad por razones políticas a condiciones inhumanas fue un elemento indubitable de la política represiva impuesta".
En efecto, "aún quienes [en el penal] no fueron sometidos a golpizas, interrogatorios u otro tipo de violencia manifiesta, vivían en un contexto que suponía que dicho riesgo se encontraba siempre latente", aseguró al referirse a los tormentos psicológicos.
En ese sentido, señaló que "uno de los más visibles modos de afectación psíquica de los detenidos supuso que incluso quienes no fueron sometidos a tormentos físicos vivían con la percepción permanente de que ello podía ocurrir". Esa sensación se alimentaba cada vez que "presenciaron de cerca las condiciones físicas y psíquicas en que quedaban sus compañeros luego de las sesiones de tortura o las golpizas a las que eran sometidos por parte de personal de la fuerza".
"Lejos de ocultarse, estas prácticas eran visibles precisamente porque una de sus funciones era infundir el terror incluso entre quienes no fueran sometidos a ellas", valoró.
