Diputados provinciales del bloque FPV-PJ, encabezados por Walter Abarca y Eva Ramírez, interpusieron esta mañana un recurso de reposición y apelación en subsidio para que el juez Adolfo Gabino Ziulu, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de La Plata, revea su decisión de no hacer lugar a la medida cautelar que solicitaron con el fin de que se decrete la nulidad de las Resoluciones N° 6/16 y 7/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la Nº 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), mediante las cuales se dispusieron los aumentos en el servicio de energía eléctrica.
En el escrito, los legisladores alertaron: “En la actualidad, el tarifazo de luz (también de gas y agua) es un hecho público y notorio que no necesita pruebas. Éstas están, existen y han sido tema de los medios de comunicación al igual que todos los amparos con cautelares favorables que han suspendido el aumento en discusión”.
“A tal punto que el propio Estado ha reconocido su error al acrecentar indiscriminadamente y en forma brutal el servicio eléctrico y el suministro de gas de todas las distribuidoras, sean del Conurbano como del Interior de la Provincia”, indicaron.
Asimismo, en la revocatoria hicieron hincapié en la importancia de la audiencia pública como garantía constitucional. “Vemos que la celebración de la audiencia pública es un requisito previo que la administración debe cumplir antes de determinar una suba del cuadro tarifario. Ello se desprende del 3º párrafo del art. 42 de la Constitución Nacional”, precisaron.
Por último, resaltaron que ambos demandados, el Estado Nacional y el ENRE, hacen mención a la audiencia pública consumada en el mes de marzo del año 2005, durante un contexto histórico, político, económico y social totalmente diferente al del 2016.
Según informaron, laa acción preventiva fue pedida en un recurso de amparo iniciado -el pasado 12 de febrero del corriente año- por los diputados: Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez, Ricardo Moccero y Rodolfo Iriart.
En ese marco, se llevó a cabo una intensa campaña territorial, en diversos distritos bonaerenses, en la que se recolectó alrededor de un millón de firmas para exigir que se cumpla con el derecho constitucional de convocar a audiencia pública antes de efectuar aumentos en el servicio de energía eléctrica.
Cabe recordar que a la demanda adhirieron el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y el Club Social y Deportivo 12 de Octubre de Quilmes.
