La denuncia revela que efectivos del ejército hondureño, supuestamente pertenecientes al Cuarto Batallón de Infantería de La Ceiba, Atlántida, han ingresado ilegalmente en diferentes ocasiones, entre 2015 y 2016, a una finca propiedad de Fernández en la comunidad de Agua Caliente, municipio de La Masica, con claras intenciones de intimidar y amenazar.
Fernández denunció que estas acciones han aumentado en los últimos meses, y que consisten en operativos que involucran al menos 50 efectivos quienes, sin autorización, han realizado videos de la propiedad y han pretendido inspeccionar el inmueble, además de interrogar al personal administrativo de la finca, a miembros del MADJ y de otras organizaciones del movimiento social. En estas incursiones ilegales solo se ha podido registrar el apellido de uno de los efectivos militares, identificado como Pérez, puesto que los demás cubren sus identificaciones.
A estos cateos ilegales se suman las amenazas recibidas por el Coordinador General del MADJ a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto durante la transmisión del programa radial “La tertulia de la tarde”, que él conduce en Radio Dignidad. Uno de los mensajes intimidatorios decía: “Lee los mensajes, no seas cagado, solo lees lo que te conviene ¿verdad, pendejo? La radio no los va salvar majes por hablar tanta mierda”.
El MADJ sostiene que, en el contexto actual de persecución, criminalización y asesinato de liderazgos sociales críticos al actual sistema político y económico, las acciones de los militares y desconocidos que llaman a Radio Dignidad para intimidarnos no son aisladas y podrían ser parte de un plan que, además de las acciones ya consumadas, podrían incluir atentados contra la vida de nuestro Coordinador General y otros militantes del MADJ.
Por todo ello responsabilizamos al gobierno y a la cúpula militar de cualquier atentado contra Martín Fernández y otros miembros del MADJ, y exigimos que se lleve a cabo una investigación para determinar si las acciones denunciadas configuran los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, amenazas y otros delitos.
Además, demandamos que se ejerzan las acciones judiciales pertinentes contra los responsables de tales delitos y que el Estado adopte las medidas correspondientes para garantizar el respeto a la vida del Coordinador General del MADJ y otros miembros de nuestra organización, cuya integridad física se encuentra amenazada y sus derechos violentados.
