El corte estadístico más reciente indica que al pasado 30 de abril había 27 mil 162 personas no localizadas, cuyos casos están a cargo de autoridades locales, esto es, 53 menos que en enero del año en curso. A este paquete de pendientes se agregan mil 27 del fuero federal, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). En esta jurisdicción hay un aumento de 84 casos.
Es posible que la PGR haya atraído asuntos de las fiscalías estatales, acorde con las reiteradas peticiones de familiares de desaparecidos que no encuentran respuesta satisfactoria –ni investigación mínima– en sus lugares de origen o donde fue visto por última vez su ser querido.
A la fecha, en México hay 28 mil 189 no localizados. La cifra prácticamente ha ido en ascenso imparable. Por ejemplo, al inicio de 2014 la cuenta era de 25 mil 293. Un año después subió a 26 mil 670. Actualmente, si bien hay un magro descenso, este no es significativo.
El corte más reciente de la Secretaría de Gobernación (SG) es del 30 de abril; el Sistema Nacional de Seguridad Pública se alimenta con los datos que le envían periódicamente las procuradurías estatales y General de la República.
En el fuero común está a la cabeza Tamaulipas, con 5 mil 583 personas sin localizar, seguido de estado de México, con 2 mil 830; Jalisco, 2 mil 390, y Nuevo León, 2 mil 247. En el federal persiste en primer sitio Guerrero, con 267 expedientes (aquí se incluyen los 43 de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014); Veracruz tiene un rezago de 188 casos sin resolver; en tercer lugar, Tamaulipas (143), y en cuarto Coahuila, con 53.
En ambas circunstancias, federal y común, la mayoría de las personas no localizadas son varones mexicanos y jóvenes.
El subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa Cifrián, dijo que continúa el trabajo con el Legislativo para afinar la ley de desaparecidos, la cual incluye un sistema nacional de búsqueda y protocolos de reacción inmediata, entre otros aspectos. Igualmente, tipifica la desaparición forzada y la ejecutada por particulares e impone penas hasta de 100 años para los responsables, con la participación, ayuda u omisión de servidores públicos.
