Pese a condenar el ‘‘incumplimiento’’ en entregar una respuesta ayer, el dirigente de la sección 7, Adelfo Gómez, dijo que se mantendrán en la negociación y rechazó que esta censura represente un ultimátum.
A pregunta expresa sobre la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a participar en el debate sobre el modelo educativo, el líder sindical descartó esta posibilidad, pues para la CNTE la única mesa de negociación con el Estado es la de la Secretaría de Gobernación.
En entrevista, Gómez resumió los alcances de la reparación de las consecuencias de la lucha magisterial contra la reforma educativa, que se trabaron ayer en la discusión: ‘‘presos políticos’’, despidos, descuentos a los maestros, así como Nochixtlán. Sin embargo, ratificó que las movilizaciones en los estados continuarán y deslizó que si las respuestas siguen retrasándose se podrían endurecer en diversas entidades.
La víspera la comisión negociadora entregó una agenda que contemplaba el conjunto de propuestas a discutir en la mesa política, entre las que destacaban la liberación de una treintena de presos del magisterio. Otro rubro central para la CNTE en esta mesa son las gestiones para involucrar al Congreso, a fin de modificar la reforma educativa mediante una nueva iniciativa que anule aspectos nodales contra los cuales desde su aprobación se han opuesto.
Este viernes el magisterio disidente ya tiene pactada una cita en el Senado para comenzar a allanar el camino legislativo, barajándose, entre otras alternativas, la posibilidad de promover una iniciativa ciudadana cuyo tratamiento en el Congreso sería más ágil que una eventual iniciativa partidista o pluripartidista.
Asimismo, la revisión de un paquete de acciones para revertir las consecuencias sancionatorias que le ha acarreado a la CNTE la movilización contra la reforma y su rechazo a participar en la evaluación docente; centralmente el despido de poco más de 8 mil mentores por no acudir al examen.
De igual forma, el pago de salarios desde el inicio –el pasado 15 de mayo– de un paro indefinido de labores, así como el cese de todo descuento a docentes y directores que se han sumado a las acciones de protesta en diversos estados.
Paralelamente, se busca revertir otra de las medidas en contra de las secciones sindicales opositoras: el congelamiento de las cuentas sindicales. La CNTE ha colocado como otro de los puntos en la mesa política el libre acceso a sus cuentas bancarias.
Al término de la reunión de ayer, que por parte de Gobernación encabezó Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobierno, Gómez aseguró que la ausencia de respuestas refleja ‘‘falta de seriedad’’ de la dependencia. ‘‘No se ha concretado nada en absoluto a pesar de que hemos entregado puntualmente la relación de todos los daños ocasionados por la lucha contra la reforma’’.
Interrogado sobre la posibilidad de que frente a la demanda de abrogación se optara por una larga ruta legislativa, Gómez mencionó que es importante para la coordinadora comenzar con la abrogación y, en segunda instancia, buscar una nueva reforma.
Sin embargo, adelantó que serán pacientes en esperar el procesamiento. ‘‘En una negociación se van acercando las posiciones y otras situaciones para dar una ruta de salida’’ a este tipo de conflictos, dijo.
La CNTE adelantó que el acuerdo original con la dependencia federal, que incluye continuar con la mesa política e instalar las mesas educativa (19 de julio) y social (21 de julio), se mantiene inalterable. Señaló que aguardaron más de un año sin diálogo, pero mantendrán la paciencia para participar en las negociaciones pactadas con la Secretaría de Gobernación.
En tanto, interrogado sobre los avances en la negociación, Pietro Ameglio, de la Comisión Nacional de Mediación, respondió escuetamente: ‘‘Se avanza, son partes muy agraviadas, pero existen condiciones para avanzar’’.
