El candidato que reciba menos apoyos en una votación secreta entre los 330 diputados "tories" en la Cámara de los Comunes quedará apeado de la carrera por el liderazgo.
El jueves se eliminará a un nuevo candidato, mientras que el martes 12 se conocerá el nombre de los dos dirigentes que competirán por ser designados como líder de la formación el próximo 9 de septiembre.
La ministra de Interior, Theresa May y la viceministra de Energía, Andrea Leadsom, han venido ganando terreno en las preferencias para ser electas al frente del partido con mayoría parlamentaria y, por lo tanto, del gobierno.
Ambas candidatas dejaron entrever en estos días que no están de acuerdo con la forma que tomarán las negociaciones sobre un plan para la salida de los británicos de la Unión Europea (UE), poniendo sobre el tapete la discusión por la inmigración.
May, la preferida para suceder a Cameron y que ya cuenta con el apoyo de 300 parlamentarios, dijo el domingo durante una entrevista a la cadena ITV, que el estatus de los tres millones de inmigrantes de la UE no cambiará mientras duren las negociaciones para la salida del Reino Unido del bloque comunitario.
Sin embargo, reconoció que se tendrá que considerar este tema como parte de la negociación que se espera que el país entable con la UE en las próximas semanas luego de que los británicos votaran abandonar el bloque comunitario en el referéndum celebrado el 23 de junio pasado.
"Quiero asegurar entre tanto que seremos capaces que garantizar su situación actual no sólo a los inmigrantes europeos que están aquí, sino a los británicos que se encuentran en otros países de la UE".
Las declaraciones de la funcionaria y candidata causaron gran preocupación por la situación jurídica de los 3 millones de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido.
May, que si bien ha apoyado la permanencia del Reino Unido, es conocida por su línea dura ante la inmigración, deslizó que puede existir incluso un aumento de inmigración de europeos a las islas británicas en los dos próximos años mientras se consuman las negociaciones para la salida.
Leadsom, quien este lunes lanzó su campaña para convertirse en la nueva líder del Partido Conservador y consecuentemente, en primera ministra británica y con la intención declarada de acabar con la "libertad de movimiento", afirmó sin embargo que los ciudadanos de otros países de la UE que viven en el Reino Unido, no pueden ser "moneda de cambio" en las negociaciones Brexit.
A la disputa se sumaron varias voces, entre ellas la ex portavoz de inmigración del Partido Laborista, Yvette Cooper, quien acusó acto seguido a la aspirante a primera ministra de sumarse a la "asquerosa campaña de vuelta a casa" para los extranjeros instigada desde la victoria del Brexit en el referéndum.
Cooper se unió a una petición al gobierno británico reclamando medidas para garantizar la protección de los inmigrantes de la UE y evitar que se produzcan deportaciones.
También, Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, pidió a Cameron y a los cinco candidatos de liderazgo tory que es imperativo respetar los derechos de los 173.000 ciudadanos de la UE que viven en Escocia.
Leadsom también es partidaria de que el gobierno del Reino Unido deba garantizar los derechos de las personas de la UE que ya están en el Reino Unido para quedarse después de Brexit.
Por su parte, el ministro de inmigración británico, James Brokenshire, dijo que no puede garantizar que los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido puedan permanecer después que el país salga del bloque, un proceso que se estima durará dos años.
Brokenshire señaló a la Cámara de los Comunes que "ciudadanos de la UE siguen siendo bienvenidos aquí" y "su derecho a entrar, trabajar, estudiar y vivir en el Reino Unido se mantiene sin cambios" desde la votación la semana pasada para salir del bloque.
Sin embargo, aclaró que una garantía para residir después que Gran Bretaña negocie su salida de la UE "sería imprudente y sin una seguridad al mismo tiempo de que los ciudadanos británicos que viven en otros países del bloque puedan seguir viviendo allí".
Para los expertos en materia jurídica, la situación legal de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido no está clara, y se supone que tendrían "derechos adquiridos" individuales en virtud de la Convención de Viena de 1969, incluido el derecho a vivir, trabajar y jubilarse en un país.
Nick Rollason, de la firma de abogados Kingsley Napley, dijo al diario The Guardian que cuando llegue el momento clave para demostrar que un ciudadano de la UE tiene derecho a permanecer y trabajar en el Reino Unido, "no será suficiente con mostrar su pasaporte".
La amenaza de que en el futuro del Reino Unido la situación de los ciudadanos de la UE podrían ser utilizados "como rehenes en las negociaciones" está latente, y son varios ya los políticos de la oposición que están exigiendo al gobierno aliviar la incertidumbre de millones de ciudadanos de la UE mediante una garantía de que puedan quedarse.
En cualquier caso, devolver a tanta gente de la UE al Reino Unido y viceversa sería extremadamente costoso y complicado, y hasta el momento no ha surgido nadie de la opción conservadora del partido o líder de la UE que sugiera o hable de deportaciones.
Los demás candidatos para suceder a Cameron son el ministro de Justicia, Michael Gove; el ministro de Trabajo y Pensiones, Stephen Crabb, y el ex ministro de Defensa Liam Fox.
