No sabía que su segundo -su hombre de confianza- lo estaba grabando. Uno de los métodos que usaba era conseguir un ómnibus, detener a obreros de la construcción que salían de cobrar sus jornales y hacerlos subir al micro, donde le plantaba armas para luego extorsionarlos.
En otro momento, desarmaron un boliche frecuentado por inmigrantes: les robaron los teléfonos a los parroquianos, y al dueño le llevaron la recaudación, además de los palos y las bolas de de pool.
El audio lo hizo conocer el jefe de calle de la comisaría, que por lo general –en la estructura oscura de la Bonaerense- es quién se encarga de recaudar dinero de los negocios ilegales. El fiscal Juan Pablo Calderón allanó la comisaría porque los subordinados de Guiñazú lo denunciaron por irregularidades con los servicios adicionales, que suelen ser otra fuente de recaudación paralela.
Desde que María Eugenia Vidal asumió como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, una serie de episodios que involucran a la policía aparecieron en la tapa de los diarios. Primero fue la fuga de los condenados por el triple crimen de la efedrina, plagada de papelones; después la ola de secuestros exprés, el robo al intendente de La Plata Julio Garro, el robo al despacho de la propia Vidal y los 153 mil pesos de coimas que recibía la Departamental de La Plata y que salieron a la luz en abril.
Todo se dio en el marco del pase a retiro de una camada de cuadros policiales que respondían a la estructura de Matzkin, el ex hombre fuerte de la Bonaerense. Esos pases a retiro -que desarmaron ese grupo- fueron presentados como purgas y generaron malestar en ese sector desplazado que supo tener bastante poder en la provincia. En un principio, según versiones de la prensa, todo el grupo de Matzkin iba a seguir, pero los fueron corriendo a partir de la triple fuga en el verano.
Entre los cambios realizados por la gestión Vidal, reestructuraron las departamentales debajo de coordinaciones, exigieron las declaraciones juradas a los policías -el plazo para presentarlas venció ayer y faltaba que lo hicieran más de mil oficiales- y nombraron un nuevo jefe: Pablo Bressi, un hombre recomendado por la DEA y de muy poca ascendencia en la tropa. Los expertos consultados por Cosecha Roja en las últimas semanas coincides en que no se trata de verdaderas reformas sino apenas de un reacomodamiento que permitió desplazar a algunos de los cuadros policiales y apoyarse en otros.
En ese marco, además de reclamar definiciones por las Policías Comunales (ver aparte), desde varios municipios se habla de la extensión de ‘zonas liberadas’. Solo dos ejemplos: en Ituzaingó -donde semanas atrás se desató una crisis que terminó con enfrentamientos callejeros- los vecinos saben que a determinadas horas no conviene salir a la calle. En Ciudad Evita, donde días atrás hubo un robo comando a un Rapi Pago, los comerciantes hablaron de una gran “zona liberada”, que se habría agravado en los últimos meses. En Pinamar, donde apareció la confesión grabada del comisario, desde la municipalidad hablan de zonas sin ningún tipo de custodia. Quienes siguen la política de seguridad, hablan de un cóctel entre cierto desgano policial -lo que se llama ‘poner palanca en boludo’- y de una falta de política clara del ministerio que dirige Cristian Ritondo.
En las últimas semanas se vienen dando situaciones extrañas. En la departamental Lomas, luego de los cambios en la plana mayor, un hombre de la división drogas ilícitas recorrió comisaría por comisaría para proponer un nuevo mapa en el manejo del narcomenudeo: a quienes allanar, a quienes dejar correr, cómo repartir esa recaudación y dosificar los golpes de efecto. El emisario terminó denunciado por sus propios pares: no se sabe si sus colegas quisieron “hacer las cosas bien” o eligieron esa vía para sacarlo del medio. Desde adentro de la policía, la opción por la que se inclinan todos es la segunda: toda denuncia de corrupción -incluso la última de Pinamar- es vista como parte de la disputa por la caja.
En La Salada, a mediados de junio detuvieron a un subcomisario y un oficial de la seccional de Ingeniero Budge. Los acusaban de retener en la comisaría y abusar de una puestera que se negó a cobrar coimas semanales. La denuncia está siendo investigada por la justicia y los acusados fueron detenidos. Desde un sector de la propia policía leyeron el impulso que tuvo la denuncia como una vendetta. “Nos metimos en terreno minado”, confesó un jefe policial. Es que La Salada, junto con las canchas de fútbol, son dos de los terrenos que mayor dinero generan. Y, en épocas de cambios, los ‘ruidos’ se concentran en los punto sensibles.
En general, las fuentes coinciden en que la estructura policial -preparada para funcionar como un ente regulador del delito- es lo suficientemente fuerte y flexible para absorber los cambios y mantener el espíritu recaudador. Esos cambios de nombres se suelen ser traumáticos, atolondrados y se dan en un espiral descendiente.
La confesión del comisario Guiñazú es solo un ejemplo. Sus palabras son parte de un lenguaje cotidiano en una policía donde todo parece tener precio.
(Cosecha Roja)
