El viernes, el Gobierno de Nicaragua llamó a consulta a su embajador en Panamá, Antenor Ferrey Pernudi (foto), tras haber sido "víctima de agresiones y de que se le haya violado su residencia diplomática".
Así reaccionó el Gobierno nicaragüense después de que la Cancillería panameña emplazó el martes a Ferrey a desalojar su residencia en una zona de la Costa Del Este de la capital, bajo el argumento de "no tener ningún derecho real legítimo sobre el inmueble".
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigió una nota de protesta a la Cancillería panameña, en la que consideró estos hechos como “una violación al derecho internacional”, por lo cual solicitó al Gobierno de Panamá investigar a fondo lo ocurrido.
Nicaragua urgió a Panamá a respetar las inmunidades y privilegios establecidos a las representaciones diplomáticas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961.
Ante los alegatos de las autoridades panameñas, la Cancillería nicaragüense afirmó que la residencia ocupada por su embajador fue adquirida en el 2001 por la Sociedad Locery S.A., cuya apoderada es María Fernanda Flores de Alemán, esposa del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, "siendo esta comprada con fondos procedentes del erario público nicaragüense".
Por su parte, la Cancillería panameña a través de un texto enviado a varios medios rechazó el sábado haber violado derechos diplomáticos del embajador.
