La convocatoria del Primer Encuentro Provincial de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a principios de mes, superó las expectativas. Aquel día, más de 260 personas -representantes de organismos, asociaciones y agrupaciones- se reunieron en el espacio de memoria El Infierno (Avellaneda).
En los salones de ese sitio que fue un centro clandestino de detención y tortura, surgió el primer acuerdo: la creación de una Red Provincial de Derechos Humanos, un “espacio de unidad y articulación de acciones colectivas de lucha, por la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos en el territorio bonaerense”.
Los tres ejes alrededor de los cuales se organizó el encuentro fueron crímenes de lesa humanidad, violencia institucional, y políticas de género y diversidad sexual. Los mismos tres pilares de trabajo que la red presentó esta semana con su documento fundacional.
¿Qué busca?
“Articular acciones, propuestas y prácticas. Que funcione como una herramienta de organización y contención para quienes venimos sosteniendo un trabajo militante en Derechos Humanos y que ya no contamos con el amparo y acompañamiento de las políticas del Estado”.
Marina Vega -asesora de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados- estuvo entre los convocantes al encuentro. “Hay una necesidad de encuentro y de definir estrategias de conjunto. Todos los participantes de la red, ya sean más chicos o más grandes, tienen presencia y trabajo en sus territorios. Necesitamos organizarnos”, dijo a Cosecha Roja.
En el primer encuentro, los participantes se reunieron en torno a los tres ejes. El de lesa humanidad, el más numeroso, se dividió en juicios, sitios de memoria e investigación. “Se dio cuenta de muchas situaciones. Por ejemplo, de la preocupación por los condenados por delitos de lesa humanidad que terminan con prisión domiciliaria, o de la cantidad de elevación a juicios que aún no tienen fecha de inicio”, dijo Vega.
Los participantes compartieron la misma preocupación, plasmada en el documento final: la recuperación de los Derechos Humanos como política de Estado, escenario de los últimos 12 años, en los que 162 sentencias que condenaron a más de 670 personas por delitos de lesa humanidad. Y un nuevo gobierno, con signos y gestos que ponen a organismos y militantes en estado de alerta.encuentro ddhh bs as 2
“Con el nuevo escenario político y el cambio de gobierno, vemos señales desde la gestión estatal que rechazamos enérgicamente: no ponemos en duda el número de desaparecidos; no acordamos con recibir en la ex Esma a una ONG que defiende a los genocidas; no avalamos quitar de la reedición del “Nunca Más” el prólogo del 2006”, dice el primer comunicado de la Red. Y repudia “cualquier intento de volver a instalar la Teoría de los dos demonios y con esto invisibilizar y denostar los avances y conquistas realizados hasta hoy en la reivindicación del camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
En el encuentro en El Infierno, se analizaron las diferentes realidades territoriales en materia de Derechos Humanos. De esas demandas y necesidades surgieron las primeras líneas de trabajo de la Red. Algunas de ellas:
– Preocupación por las prisiones domiciliarias de los condenados (“aumentaron de forma alarmante”).
– Demora en fijar fechas de inicio de juicios por crímenes de lesa humanidad.
– El retraso excesivo en la reparación a las víctimas de la dictadura (“la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia congeló los expedientes de la Ley 14.042 que otorga las pensiones reparatorias a aquellas personas que fueron privadas de su libertad por razones políticas en la última dictadura”).
– La importancia de garantizar la continuidad del acompañamiento psicológico a víctimas y la protección a testigos.
– La necesidad de implementar la la Ley Nacional 27.210 de Patrocinio Jurídico Gratuito para víctimas de violencia de género y el programa provincial que garantiza las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación Responsable.
– Garantizar la interrupción legal del embarazo en los Hospitales Públicos y la designación de médicos/as no objetores de conciencia.
– Reglamentación por el poder ejecutivo provincial de la ley 14783 de cupo laboral trans. Y así también, visibilizar la persecución y estigmatización que está sufriendo el colectivo TLGBIQ
– Necesidad de sistematizar los casos de abuso policial por localidad para organizar un registro provincial.
– Realizar un relevamiento en cárceles, que permita sistematizar las condiciones de detención y hacinamiento de los detenidos; como así también obtener la información de sus garantías jurídicas.
Quiénes la integran
El próximo encuentro será en septiembre, en lugar a confirmar.
Informe: Cosecha Roja
Fotos: gentileza Red provincial de Derechos Humanos
