La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto a otros organismos de derechos humanos, estuvieron presentes en la sala y lamentaron la decisión de la justicia que no reconoció la relevancia e interés social de debatir públicamente las motivaciones ideológicas detrás de los atentados. La CPM se había presentado como amicus curiae, pero los magistrados desestimaron su intervención en el juicio.
El TOF 1 de Mar del Plata hizo lugar al pedido de probation solicitado por Carlos Pampillón, que logró evitar llegar a juicio oral y público por el escrache el monumento de Memoria, Verdad y Justicia en el Sitio Base Naval y las pintadas racistas en el Centro de Residentes Bolivianos. “Con este fallo, la sociedad se pierde la posibilidad de debatir públicamente el accionar violento y racista de una organización que desconoce principios fundamentales de la democracia y de la histórica lucha por memoria, verdad y justicia”, expresaron desde la Comisión Provincial por la Memoria.
Para hacer lugar al beneficio solicitado por Pampillón, el tribunal interpuso una serie de condiciones que fueron aceptadas por el líder de FONAPA: reparar los daños materiales, cursar la materia de derechos constitucional en la Universidad Nacional de Mar del Plata y no participar de la organización de ultraderecha durante tres años.
La decisión generó el rechazo de los organismos de derechos humanos y de los residentes bolivianos porque entienden que los ataques perpetrados trascienden el daño material y lesionan valores democráticos y no respetan la dignidad humana. Este fallo no repara estos hechos e impide llegar a un efectivo proceso de justicia.
Durante la audiencia realizada esta mañana, previo a la decisión del tribunal, Silvia Forconi —como apoderada del Municipio—, Sonia Rawicki, directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Mar del Plata y Milena Navas Solís, secretaria del Centro de Residentes Bolivianos, habían manifestado el interés personal y colectivo de continuar con el juicio oral. Rawicki expresó el “total repudio a estas manifestaciones que no lesionan el material sino el sentir de los vecinos de la ciudad que trabajan por una convivencia en paz en el marco de los valores de la democracia”. Mientras que Milena Navas “un tarro de pintura no va reponer nuestra dignidad como bolivianos”.
A pesar de la postura institucional del municipio, del acompañamiento de los organismos de derechos humanos y del pedido de las partes agraviadas, el TOF 1 —si bien reconoció la afectación de bienes sociales y el interés de la sociedad por la lucha de memoria, verdad y justicia— consideró que cabía la admisión del beneficio de la suspensión del juicio para Carlos Pampillón. Asimismo, los magistrados también desestimaron el amicus curiae presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, intervención que ni siquiera fue mencionada durante la jornada.
Por otra parte, el líder de FONAPA presenció toda la audiencia con un saco que en sus mangas tenía bordados dos escudos: la insignia militar de Malvinas y la cruz de honor de los nazis. Esta actitud provocativa tiene correlato no sólo con los actos particulares que esperaban ventilarse durante el juicio sino también con las reiteradas manifestaciones públicas y ataques perpetrados por los seguidores de la organización de ultraderecha.
En el mismo tono de provocación, a la salida del tribunal, frente a la prensa, Pampillón declaró: “Si ustedes se ponen a pensar que los hechos objetivos son daños materiales. El Gobierno anterior y los integrantes de Justicia Legítima le quisieron poner un tinte de dramatismo que no tenían”.
La causa penal por daños agravados
Carlos Pampillón estaba acusado de haber instigado, como líder de la agrupación FONAPA, el ataque vandálico al monumento conmemorativo de la lucha por los derechos humanos que está emplazado en el sitio de memoria Base Naval. Sobre el pilar que señaliza el ex Centro Clandestino de Detención y con la inscripción “Memoria, Verdad, Justicia”, los agresores pintaron la leyenda “Aquí se defiende la patria”; además, en el pilar que reza “Justicia” se escribió con aerosol negro la frase “para todos”; en el pilar que reza “Memoria” se agregó el vocablo “completa” y en el pilar que reza “Verdad” se añadieron las siglas “FONAPA”.
La causa judicial también investiga, bajo la misma figura de instigación, el ataque perpetrado Centro de Residentes Bolivianos, en cuya fachada se pintó “Fuera Bolivia de Salta. La patria no se negocia, ojo… arderá el escarmiento. FONAPA La Giachino, viva la patria carajo”. Asimismo los agresores, al menos tres personas, prendieron fuego parte del portón de chapa lindero al muro donde se efectuó la pintada.
En ambos casos, la figura penal de la imputación considera un daño doblemente agravado. En el caso del monumento en la Base Naval, el agravante se da por haberse cometido el hecho en venganza de la determinación de una autoridad —se realizó en repudio a la decisión del Concejo Deliberante de quitar del recinto el cuadro del Capitán Pedro Giachino, acusado por organismos de derechos humanos por su participación en delitos de lesa humanidad— y por tratarse el objeto dañado de un monumento.
En el caso del ataque al Centro de Residentes Bolivianos, el agravante se da por haberse ejecutado el hecho en venganza de la determinación de una autoridad —decisión de la Comisión Nacional de Límites (CONALI) de colocar nuevos mojones sobre la línea recta limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia—, agravado asimismo por su carácter discriminatorio en razón de la nacionalidad de las víctimas.
Estos hechos, ocurridos el primero en septiembre de 2011 y el segundo en febrero de 2014, no fueron actos aislados, la CPM ha denunciado públicamente y en reiteradas oportunidades los ataques xenófobos, discriminatorios y negacionistas perpetrados por FONAPA.
