Tan sólo uno de cada cuatro represores de la última dictadura cívico-militar llevados ante la justicia se encuentra en cárcel común. En los últimos meses, aprovechando el retroceso en políticas de derechos humanos que se registra desde la llegada del macrismo, los jueces federales otorgaron al menos medio centenar de prisiones domiciliarias en favor de condenados por delitos de lesa humanidad.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que manifestó hoy su preocupación a través de un comunicado, afirmó que “las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar”.
“En reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos”, agregó el organismo.
Según la CPM, “de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión”.
“La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en cuatro oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar”, ejemplificó el organismo.
Otro caso fue el de la prisión domiciliaria otorgada al represor Eduardo Cabanillas, uno de los jefes del centro clandestino de detención Automotores Orletti, condenado a prisión perpetua.
Cabanillas volvió a su casa a cumplir la sentencia en plena feria judicial de invierno gracias a la decisión de los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Ángela Ledesma, ocasionalmente de turno en esos días.
“Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”, sostuvo la CPM.
