La solicitud, interpuesta por el abogado del sheij, Abubakar Masha, pedía al Tribunal que ordenase al Departamento de Servicios Estatales (DSS) liberar de inmediato Al-Zakzaky, cuyo estado de salud es crítico, por lo que el letrado considera que los derechos fundamentales de su cliente están siendo pisoteados.
En su fallo, el juez Justice Okon Abang afirma que el sheij Al-Zakzaky no había obtenido el permiso del Tribunal correspondiente para que el caso fuese evaluado en su plazo determinado.
Asimismo, argumenta que el inspector general de Policía, el fiscal general de la Federación y el ministro de Justicia, que son demandados en el asunto, no han comparecido ante la Corte. Por lo tanto, sostiene, el recurso interpuesto no era procedente.
El pasado 13 de diciembre, soldados del Ejército nigeriano irrumpieron en la residencia de Al-Zakzaky en la ciudad norteña de Zaria, lo detuvieron y mataron a un número de sus seguidores, entre ellos algunos de sus hijos.
Varios países y organizaciones internacionales han condenado el ataque de militares contra los musulmanes de Nigeria. La subdirectora de Amnistía Internacional (AI) para África, Lucy Freeman, denunció el pasado 15 de enero que el Ejército nigeriano comete violaciones "impactantes" contra los derechos humanos como consecuencia del uso de la fuerza excesiva por parte de los militares del país.
Por su parte, el Ejército de Nigeria sostiene que realizó tal operación para evitar que asesinasen al general Tukur Buratai durante el paso de su convoy, explicación que no ha convencido a los grupos pro derechos humanos y ha sido rechazada por los testigos.
