Fue en la charla “Voto electrónico: ¿ágil y transparente o caro y fraudulento?” que se realizó este ,martes 27 en el Instituto PATRIA, donde ofrecieron los argumentos suficientes para que las fuerzas políticas del campo nacional y popular rechacen el proyecto de ley que el oficialismo con el apoyo del Frente Renovador quiere apurar.
Luego de las palabras de bienvenida que ofrecieron Jorge Ferraresi y Teresa Parodi, vicepresidente y secretaria del Instituto PATRIA, el periodista y politólogo Ari Lijalad comenzó su intervención con un repaso de los distintos sistemas electorales que se utilizan en el mundo, a los que definió como “un mecanismo que tiene la sociedad para transformar votos en cargos”, para luego concentrarse en el escándalo político que se desató en la ciudad de Buenos Aires, en la previa de las elecciones del año pasado, luego de que se allanase el domicilio de un programador que había denunciado fallas de seguridad en el sistema de voto electrónico que el macrismo estaba implementando luego de sancionar la ley 4894,.
El periodista contó que la letra de dicha ley exigía que el sistema fuera auditable, comprobable físicamente, robusto, simple, eficiente, documentable y recuperable ante fallas y que tuviese seguridad informática. “No se cumplió ninguno de estos puntos con los que en teoría se realizó la elección porteña, salvo que el hablaba de la accesibilidad”, dijo, y luego repasó el origen y el desarrollo de la causa judicial –todavía abierta, y que él investigó y publicó, sin lograr que “rebote” en los grandes medios de comunicación- en la que se entrecruzan denuncias, allanamientos, auditorias, intereses económicos, presiones políticas e inacción judicial.
“La jueza a cargo de la causa, la empresa y el gobierno porteño sabían que el sistema con el que estábamos por votar no era confiable, y avanzaron igual”, dijo Lijalad, y agregó que “Rodríguez Larreta no puede asegurar que los resultados de la elección fueron reales”, debido a todos los elementos con los que se contaba para demostrar que el sistema era vulnerable. Agregó que la llamada “reforma electoral” que impulsa Cambiemos, “miente desde los considerandos”, en relación a la legitimidad de las auditorias y por otro lado crea nuevos delitos para aquellos que vulneren el sistema, lo que significa que en la práctica “reconoce que el sistema puede ser hackeado”.
Enrique Chaparro, presidente de la Fundación Vía Libre, quien se dedica desde hace treinta años a la seguridad de los sistemas de información, contó que el “propósito de las elecciones es doble” ya que “hay dos funciones igualmente importantes en un sistema electoral”. El primero es determinar quién ganó la elección y el segundo tiene que ver con “convencer al que perdió de que efectivamente perdió”. En relación al caso de las elecciones porteñas del año pasado “no tenemos ningún elemento que no sea tautológico que nos garantice que los que perdieron, perdieron, y esto es un problema serio en términos de estabilidad institucional”.
El matemático realizó un repaso de la historia de los sistemas electorales mecánicos, más tarde electro mecánicos, y finalmente electrónicos, que algunos países del mundo fueron implementando a lo largo de las últimas décadas, como así también sus resultados en el marco de la cultura política de cada país, en los que los medios de comunicación y el poder político, por ejemplo, no ejercen ningún tipo de presión, y los resultados provisorios pueden tardar varios días. Explicó que las naciones que utilizan el voto electrónico en la actualidad son la India, Brasil, Venezuela, y en menor escala, Bélgica, Irlanda, Australia y los Estados Unidos, y justificó el uso de la tecnología en aquellos países por la complejidad del sistema electoral local, con los que eligen numerosos cargos en la misma elección.
“No se trata de un problema técnico”, señaló Chaparro, “sino un problema de diseño político” ya que “si le doy la posibilidad de controlar las elecciones a un número selecto de mortales, estoy arrancando de las manos de los ciudadanos la capacidad de controlar los comicios”. Dijo que la democracia no solo tiene que ver con “poner el voto en la urna”, y que “si nos extraen el derecho de controlar, si el acto de votar se trivializa al extremo de que da lo mismo sacar plata de un cajero que decidir cuál va a ser el futuro del país, todo aquello que ganamos con el voto libre, universal y secreto, lo estamos perdiendo, aunque funcionara el sistema”.
Cabandié parafraseó a Agustín Rossi al advertir que “hay más preocupación en la gente que en los dirigentes con respecto a la gravedad” de la implementación del sistema de voto electrónico en todo el país, y llamó a “desmitificar el discurso del oficialismo con el que dicen que el resultado electoral lo van a conocer antes de irse a dormir, o que no tendrán que hacer fila para votar, y que se acabarán los punteros políticos que acercan las boletas a las casa de los vecinos”. Ponderó el rol de la militancia, que fiscaliza las elecciones a favor de su fuerza política y mencionó el espíritu de la ley “Sáenz Peña”, que garantiza el voto universal, obligatorio y secreto. También contó que junto a Chaparrro y otros especialistas van a presentarse en distintos puntos del país para concientizar a la ciudadanía con respecto a la reforma que impulsa la Alianza Cambiemos.
El diputado nacional por el FPV advirtió que el próximo jueves 29 de septiembre, en una comisión conjunta del Parlamento argentino, “puede llegar a haber un dictamen de parte del oficialismo con el acompañamiento de algunos bloques de la oposición”, y pese al apoyo de los grupos económicos, el poder mediático y parte del poder judicial, “nuestro camino es por el lado de la conciencia de la gente”, que en muchas ocasiones “logró hacer retroceder al PRO en sus decisiones”. Llamó a “alertar y debatir” en todos los ámbitos y a que “las fuerzas políticas se comprometen con la problemática, de mucho riesgo para el campo nacional y popular”, ya que de esa manera “podemos torcerle la muñeca al oficialismo”.
Del encuentro participaron, entre otros referentes, el diputado nacional del FPV por la provincia de Entre Ríos, Juan Manuel Huss, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura, y Ofelia “Pipa” Cédola, ex Secertaria de Seguridad Social.
