Después de meses de negociación entre el gobierno estadounidense de James Carter y la Junta Militar, con posiciones muy encontradas, la CIDH recibió la invitación formal para que viajara la delegación del 6 al 20 de septiembre.
La comitiva estuvo encabezada por Andrés Aguilar (ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela), el vicepresidente Luis Tinoco Castro (Honduras), el secretario Edmundo Vargas Carreño y otros juristas reconocidos.
En su informe difundido en abril de 1980, la CIDH consignó que entre 1975 y 1979 "el número total de denuncias recibidas asciende a 5.580, de las cuales son nuevas 4.153, que se encuentran en proceso de tramitación de acuerdo con las disposiciones reglamentarias; 1.261 comunicaciones se referían a casos registrados y oficialmente en trámite y 166 se referían a temas no relacionados con violaciones de derechos humanos".
Así, la CIDH ponía en cifras públicas la tragedia que por aquellos días asolaba a la Argentina, situación que le había sido advertida por los organismos de derechos humanos que enviaban las denuncias que recibían al organismo internacional, tales como la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la flamante organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (heredera de COFAPEG y otros organismos creados durante la dictadura de la Revolución Argentina, entre 1966 y 1973.
Meses antes, en diciembre de 1978, la CIDH había presentado a la dictadura un informe preliminar en donde criticaban duramente el "Estado de excepción" que existía en Argentina y denunciaban la existencia de miles de desaparecidos.
Las violaciones a los derechos humanos habían comenzado a visibilizarse durante el Mundial de Fútbol de 1978, cuando el periodismo internacional mostró al mundo el pedido desesperado de las Madres de Plaza de Mayo, que buscaban a sus hijos dando vueltas alrededor de la Pirámide, frente a la misma Casa de Gobierno.
La agenda de la CIDH incluyó la visita a los centros clandestinos de detención Atlético, Olimpo y ESMA, que fueron presentados por el régimen desmantelados y con los secuestrados trasladados provisoriamente a otros lugares, como la casa en la isla El Silencio, en el Tigre.
También estuvieron en las cárceles de Villa Devoto, Caseros y Rawson, en Chubut, y conocieron los centros de La Ribera y La Perla en Córdoba, que también habían sido modificados para borrar las huellas de cautiverios y torturas. Los miembros de la CIDH recibieron testimonios de familiares de desaparecidos en Córdoba, Tucumán y Rosario.
Se entrevistaron dos veces con la junta militar y con Videla y se reunieron con referentes de las Madres, los Familiares y algunos organismos. Visitaron a los ex presidentes Isabel Martínez, detenida en la quinta de San Vicente; a Alejandro Agustín Lanusse, a Arturo Frondizi y a Héctor J. Cámpora (asilado en la Embajada de México). También recibieron a la Conferencia Episcopal, a Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín (UCR), Deolindo Bittel y Herminio Iglesias (PJ), Diego May Zubiría y Rafael Marino (PI), Enrique De Vedia y Francisco Cerro (DC) y Simón Lázara (PSU), Lorenzo Miguel, Ernesto Sábato y Alfredo Bravo.
El informe final de la CIDH fue lapidario: "Por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", comienza el capítulo "Conclusiones" al alertar sobre violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal, a la justicia, al proceso regular".
