Es por el comunicado conjunto que se emitió entre Argentina e Inglaterra donde los países se comprometen a “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas”.
“La política que está desarrollando el gobierno argentino sobre la cuestión Malvinas, denota ineludiblemente un alineamiento para favorecer la iniciativa británica en el Atlántico Sur”, explica el comunicado del centro de ex combatientes que difunde la denuncia. “A partir de empezar a ver esta comedia de enredos que mantiene Macri con Malcorra en las distintas reuniones en las que participó el presidente con representantes británicos, y cuando se publica el comunicado conjunto de la cancillería argentina con la británica empezamos a ver la posibilidad de presentar esta denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público”, detalla Ernesto Alonso, Secretario de Relaciones Institucionales del CECIM e integrante de la CPM.
“Analizando con el equipo jurídico vimos que en esto existe la presunción de un delito que la justicia tiene que investigar”, explica Alonso al salir de la conferencia de prensa que dieron hoy en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, donde presentaron la denuncia que cayó en el juzgado Nº 8 a cargo del Dr. Di Giorgi. “Comprendemos que las personas aquí denunciadas han actuado con temeridad, con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias menoscabando la Constitución Nacional”, afirma la presentación.
La denuncia se hace en los términos de “los artículos 174, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, en relación a los hechos que se conocieron el 14 de septiembre de 2016, que arrojan elementos suficientes como para sostener que la actual Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Da. Susana Mabel Malcorra, y el actual Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Embajador D. Carlos Mario Foradori, han incurrido en la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público en los términos del artículo 248 del Código Penal”.
“La gravedad de este comunicado es que primero se viola la constitución nacional que establece el mandato que tenemos los argentinos con respecto del tema de Malvinas y después leyes vigentes como la de hidrocarburos porque allí manifiestan por el lado de argentina quitar todos los obstáculos para el desarrollo económico de las Malvinas y ahí está la pregunta ¿a cambio de qué? ¿a quien beneficia esto?”, se pregunta Alonso. En la denuncia entienden que estas medidas serían “en perjuicio de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, en su amplia caracterización, a saber: soberanía territorial, marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera, alimentaria, antártica, entre otras”.
Desde el CECIM convocan a otras organizaciones e instituciones a sumarse a este reclamo “porque esto es de una extrema gravedad acá está en juego el futuro de los argentinos, de recursos que son de todos. Como organización además estamos cumpliendo con nuestros objetivos estatutarios que es defender la soberanía contra todo dominio colonialista o imperialista”, asegura el ex combatiente.
