Según informaron los organismos de derechos humanos denunciantes, el Grupo de Trabajo de la ONU logró determinar que las “acusaciones consecutivas” y apertura de distintas causas judiciales contra la dirigente jujeña, tienen el objetivo de sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. También sostuvieron que se está vulnerando la independencia judicial.
El Grupo de Trabajo afirmó también que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva y que no está demostrado que existan riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación que puedan fundamentar la privación de libertad.
Por otro lado, la comisión de Naciones Unidas dijo que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Milagro Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos de los que es acusada. Comprendió también entendió que, por ser parlamentaria del Mercosur, la dirigente de la Tupac contaba con fueros que fueron ignorados.
La detención de Sala “se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos”, para el Grupo de Trabajo quien solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. “El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo”, dijeron en un comunicado los organismos de derechos humanos que intercedieron por Sala ante la ONU.
La denuncia fue presentada por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Sociales (ANDHES) en febrero de este año, luego de la detención de Sala. Durante este tiempo, tanto las organizaciones como el Estado argentino realizaron múltiples presentaciones para argumentar el caso.
