Aprobada en 2015, la ley 14.783 o ley por el cupo laboral para personas transexuales, travestis y transgéneros aún continúa sin ser reglamentada por el Ejecutivo provincial. Las organizaciones integrantes de la campaña por la implementación de la ley fueron convocadas por la Secretaría de Derechos Humanos que depende de Santiago Cantón para discutir y realizar las propuestas acordes a la realidad del colectivo trans que orienten una correcta aplicación de la ley.
“El Estado posee una alta responsabilidad en que la comunidad transexual y travesti en la Argentina, en su mayoría, se encuentre en situación de prostitución. No hay trabajo para las travestis. Tampoco hay educación, ni un sistema público de salud que nos incluya integralmente, ni planes de vivienda. Sí hay palos, armados de causas, cárcel. La exclusión que vivimos es sistemática. La expectativa de vida de las personas trans no mejora (las estadísticas que manejan las organizaciones expresa que no superan los 35/40 años de vida). Estamos en un escenario de criminalización y muertes”, comenzó diciendo Valentina Pereyra, trabajadora municipal y activista de la Asociación de lucha por la identidad travesti y transexual (ALITT)
Valentina Pereyra es una mujer trans que trabaja en la Municipalidad de La Plata. En enero de este año la echaron sin que mediara explicación y posteriormente fue reincorporada gracias a un fallo judicial. La Municipalidad apeló la medida y la Cámara de Apelaciones falló a favor de la intendencia, poniendo en riesgo su continuidad laboral en el área de género.
Luego de que la echaran Valentina presentó una medida cautelar que solicitaba su reincorporación amparada en la ley de cupo laboral trans. La jueza Ventura Martínez, integrante del juzgado en lo Contencioso Administrativo 4 de La Plata, ordenó la inmediata reinstalación en su puesto laboral. Esa es la resolución apelada por la Municipalidad.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo por voto mayoritario de los jueces De Santis y Milanta resolvió dar curso a la apelación del Municipio y dar marcha atrás con la medida cautelar que preservaba el trabajo de Pereyra. Ella permanece en su puesto de trabajo y sostiene la pelea que desde las organizaciones políticas, sindicales y LGTBIQ se viene gestando en unidad por la efectiva implementación del cupo laboral trans en el Estado provincial y en los municipios.
“Esta resolución expresa que hoy me puedo quedar sin trabajo en cualquier momento. Además de estar precarizada, mi estabilidad laboral no existe. Otra vez es la incertidumbre de no saber si mi trabajo va a tener continuidad o no”, dijo y agregó: “nosotras estamos exigiendo que la Municipalidad cumpla con la ley de cupo laboral para personas transexuales y travestis, teniendo en cuenta el grado de violencia institucional y policial que las compañeras viven en las calles. Consideramos que el Estado tiene la obligación de dar otra oportunidad a las compañeras y que ellas puedan tener opciones para poder sobrevivir”.
Valentina es crítica del texto de la ley: “tiene mucho para mejorar pero es lo que hay. Para nosotras es una ley muy excluyente aún: exige idoneidad, habla de estudios secundarios completos, pide como requisitos antecedentes penales y laborales. Sabemos que eso desconoce la realidad del colectivo trans y travesti, y creo que si se aplicara como está el 90 % quedaría afuera de ser incorporadas al trabajo. Nosotras no tenemos mucho tiempo. No se puede extender el debate por la reglamentación a dos, tres años más. En medio nos vamos muriendo”, concluyó.
Mientras tanto se presentó ante la Corte un recurso extraordinario por el caso. “El hecho en sí mismo es de extrema gravedad y creemos que amerita que la Corte intervenga sobre esto. Hay que tomar conciencia de lo que significa para una persona trans tener un trabajo formal y estable: tener un salario, realizar aportes jubilatorios, tener una obra social. Todo lo que garantiza poder tener el mismo acceso a la salud y a una vejez digna como cualquier otra persona”, dijo Luz Santos, abogada de Valentina Pereyra e integrante de CeProDH. “Entendemos que la ley es operativa y es muy clara hoy como está. Implementarla en el Estado provincial y en cada municipio no va en detrimento de que posteriormente se reglamente. Entonces, mientras peleamos por la reglamentación, exigimos que hoy se cumpla con la ley de cupo laboral trans”, agregó.
Vanesa Cuello es activista trans y militante por los derechos humanos desde hace años. Para ella, que dejó las calles hace muchos años, las violencias contra el colectivo LGTBIQ se han potenciado. “La policía comete detenciones arbitrarias con la complicidad del poder político, enmarcado en la moral de lo que se llama el orden público. En las calles vuelvo a sentir la homofobia, el desprecio contra nosotras, violencias que se ponen de manifiesto con una soltura descarada. Los insultos están cargados de odio. Sabemos por los relatos de las chicas que están en situación de prostitución que la policía tiene carta blanca y que las amenazan con armarles causas, privarlas de su libertad. Desde la dictadura no sentía tanto temor de ver un patrullero. Cuando era joven veía uno y tenía que salir corriendo. Hoy hago lo mismo, los evito porque dan miedo. En 2011 la Comisión por la Memoria tomó mi denuncia en un hecho que me tuvo como protagonista. Esa denuncia, como otros casos, no tuvo ni tendrá resolución judicial porque el entramado de las complicidades y de corrupción es muy difícil de romper. Entonces necesitamos que las chicas puedan estar más protegidas, necesitamos medidas que nos garanticen la inclusión al trabajo, a la vivienda, a tener una buena vida porque es nuestro derecho. Hay que entender que acá se van compañeras, pierden la vida”.
En distintos lugares de la provincia de Buenos Aires las organizaciones LGTBIQ, sociales, políticas y sindicales han realizado los aportes necesarios para adecuar la Ley 14.783 y se pueda avanzar junto con el Ejecutivo provincial en la implementación efectiva de la ley de cupo trans. También vienen sosteniendo acciones públicas para visibilizar el tema y dentro de los lugares de trabajo para que la norma sea aplicada en los municipios. Ahora el secretario de Derechos Humanos provincial tiene la tarea de articular con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en la instrumentación de esta ley dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas. El gobierno deberá articular la modalidad de ingreso de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
