En el fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 26 de este mes, el Tribunal señaló que esos delitos fueron cometidos en el marco del genocidio y difirió la resolución del pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de Céparo.
El fiscal José Candioti había pedido 16 años de cárcel para el acusado y los abogados de la querella 21, en el tercer juicio oral y público realizado en Entre Ríos y el primero en el que resultó condenado un integrante de la Policía provincial.
Allegados a Céparo insultaron a integrantes de organismos de derechos humanos hasta que el tribunal integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dispuso desalojarlos de la sala.
Durante la jornada, frente a la sede donde se realizó la audiencia se manifestaron numerosos integrantes de Hijos y otros organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales como ATE y CTA, agrupaciones estudiantiles y diversos partidos de izquierda y corrientes kirchneristas.
En su convocatoria a concentrar frente a la sede del Tribunal, los organismos recordaron que “Céparo fue un engranaje central en el esquema represivo" y que "la víctima contó que fue secuestrada el 23 de septiembre de 1976 del Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba como enfermera".
La mujer, que estuvo ilegalmente detenida primero en la Jefatura Central de Policía y después en la Comisaría Quinta, reconoció a Céparo, integrante la Inteligencia policial, como uno de sus secuestradores y torturadores.
Hasta su detención en el 2014, el policía fue chofer del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos del que es vocal su suegro, Emilio Castrillón.
