Los organizadores rechazan el veto de la protesta y la violencia por parte de las autoridades del país andino.
La jornada se lleva a cabo tras el inicio del diálogo entre el Gobierno y los nativos indígenas amazónicos, que se mantienen en huelga y denuncian la contaminación de sus tierras debido a los derrames petroleros.
Las autoridades de ese país confirmaron el pasado domingo el asesinato de un campesino en la provincia de Pataz (centro) por parte de la policía que custodiaba una empresa minera contra la que protestaban los comuneros.
Esta es la segunda muerte en un incidente similar. En octubre pasado el campesino Quintino Cereceda fue asesinado en la región surandina de Apurímac. El hecho fue condenado por los parlamentarios María Elena Foronda y Humberto Morales, quienes acusaron al Gobierno de su incapacidad para resolver pacíficamente los conflictos sociales.
Ambos legisladores informaron que presentaron proyectos para anular una norma que autoriza a los policías a disparar contra manifestantes si se consideran amenazados, y para anular contratos de la policía con empresas mineras para resguardarlas.
Los nativos amazónicos que desde el 1 de septiembre demandan una indemnización por el daño causado a sus tierras por los derrames del Oleoducto Nor Peruano, esperan una delegación del Ejecutivo para dialogar con ellos.
