El caso de la Curtiembre Espósito podría ser el arquetipo que defina el perfil de intervención del Estado que promueve el Gobierno Nacional en los conflictos laborales. Es que luego de 58 cesantías y más de 50 suspensiones, se desató una maquinaria de decisiones estatales en favor de una firma que busca cambiar de razón social para vaciar la planta y estafar a los empleados.
Hace 15 días se dictamina una conciliación obligatoria que la empresa no acata y cuando nosotros vamos al Ministerio de Trabajo a denunciar que la empresa no acató, nos dicen que es ´conciliación obligatoria´ con los trabajadores en la calle”, explica Luis Barrientos, secretario de Prensa del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC).
La insólita medida de Trabajo, que no concilia y sería algo así como dictaminar un acatamiento obligatoria de las decisiones de la firma, envalentonó a la empresa que ahora intenta no reconocer a los delegados ni al gremio como interlocutores válidos, en lo que representa una maniobra con netos tintes antisindicales.
“Lo que buscan hacer es un cambio de firma y dejar a los trabajadores en peores condiciones”, agrega Barrientos.
“Está más que claro que las políticas cambiaron, que favorecen a los empresarios y perjudican a los trabajadores”, agrega el dirigente gremial del sindicato que conduce Walter Correa e integra la Corriente Federal de Trabajadores.
“Tanto es así que una jueza dispuso una orden para que se lleven los cueros que tenía la firma COTO adentro de la fábrica. Acciones que con un gobierno que favorece a los trabajadores, como tuvimos en los últimos 12 años de proyecto nacional y popular, no hubieran ocurrido. Hoy tienen toda la libertad (los jueces) de accionar en conflictos laborales”, agrega Barrientos.
El combo se completa con el accionar policial amenazante en el acampe. Es que en medio de la tensión, se dispusieron dos dotaciones de infantería y seis patrulleros para “custodiar” a los trabajadores y permitir el vaciamiento de la firma.
“La policía nos amenaza por lo que decimos en los medios de comunicación, la justicia sale favorable a la patronal y el Ministerio de Trabajo también juega para la patronal. Entonces todos los ámbitos que deberían defender a los más débiles nos juegan en contra. Hoy los trabajadores estamos en una situación de total desamparo y lo que vamos a hacer es seguir luchando”, explicó Barrientos.
