Durante siete meses, las organizaciones civiles recorrieron seis centros de detención -tres privados y tres públicos, todos contratados por el gobierno federal- en los estados de Alabama, Florida, Georgia y Luisiana. Entrevistaron a más de 300 inmigrantes detenidos, más del 5% de la población de esas seudo cárceles, y concluyeron que el sistema es abusivo, cruel, inhumano e injusto.
"Lamentablemente, el presidente electo Trump heredará agencias de inmigración que han perfeccionado el arte de abandonar sus responsabilidades por los esparcidos centros de detención, lo que dejó a mucha gente vulnerable a abusos", concluyó Paromita Shah, directora de National Immigration Project of the National Lawyers Guild.
Por su parte, Lisa Graybill, la vice directora legal de Southern Poverty Law Center, otra de las organizaciones que participó de la investigación y realizó el informe final, titulado Prisiones en las Sombras, la Detención de Inmigrantes en el Sur, advirtió que el actual sistema de detención sólo empeorará con las promesas de Trump.
"El plan de deportación del presidente electo Trump requiere una masiva expansión de un sistema que ya está roto y la creación de una infraestructura carcelaria que costará miles de millones y exacerbará el problema de la encarcelación masiva de nuestro país", explicó a la prensa Graybill al presentar el informe esta semana.
Una de los autores del informe e investigadores de esa organización, Eunice Cho, fue aún más lejos en su advertencia.
"Inundar al sistema de detención de inmigrantes con cientos de miles de personas nuevas sólo llevará a una grave crisis de derechos humanos", sentenció, según reprodujo la página web de su organización.
Según pudieron constatar a lo largo de siete meses, la gran mayoría de los inmigrantes detenidos en el sur del país -una región tradicionalmente conservadora en la que Trump arrasó, excepto por el estado de Virginia- no tienen abogado y, por eso, muchas "cortes de inmigración locales les son hostiles".
Cuando un inmigrante es apresado entrando ilegalmente a Estados Unidos o viviendo en el país sin la documentación necesaria, es arrestado y enviado a uno de los tantos centros de detención que están desperdigados en el territorio, principalmente, en el Sur, lindante con la frontera con México.
Se trata de una ofensa civil y, por lo tanto, su detención es administrativa, no punitiva, hasta que se define su deportación.
Sin embargo, el informe reveló que las detenciones de inmigrantes en el sur de Estados Unidos se parecen más a una encarcelación punitiva que a una temporal y administrativa.
A lo largo de la investigación, las organizaciones civiles recabaron denuncias de abusos físicos, represalias violentas por parte de los guardias, uso excesivo del aislamiento total y largas temporadas encerrados sin ver el sol o respirar aire fresco.
Muchos inmigrantes detenidos también denunciaron haber recibido comida podrida, con insectos u hongos, y contaron que varios de sus compañeros murieron por falta de atención médica adecuada.
Ninguna de estas denuncias son nuevas en el mundo de la industria carcelaria estadounidense, un negocio multimillonario que gestiona a un cuarto de los presos del mundo. Las denuncias, los juicios, los abusos y las irregularidades se multiplican en el caso de las prisiones y los centros de detención privados.
Por eso, en agosto pasado el Departamento de Justicia federal anunció que dejaría de terciarizar el sistema de cárceles nacional con empresas privadas.
En parte fue un reconocimiento a la acumulación de denuncias, investigaciones y juicios, y en parte fue una consecuencia a la decisión del presidente Barack Obama, en sus últimos años de gobierno, de reducir la masiva población carcelaria de Estados Unidos, por ejemplo, dejando de procesar a miles de personas por posesión de pequeñas cantidades de marihuana para uso personal.
Este giro político debía expandirse al resto del gobierno de Obama e, incluso el Departamento de Seguridad Nacional anunció que analizaría la posibilidad de dejar de contratar a empresas privadas para gestionar los centros de detención para inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional debe tomar una decisión definitiva en los próximos días o semanas; sin embargo, la Fuerza de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que depende de esa cartera ya renovó gigantescos contratos con empresas privadas.
Por ejemplo, extendió por cinco años el contrato con el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, un eufemismo con el que la mayor empresa de cárceles privadas, Corrections Corporation of America, bautizó a un centro de detención para 2.400 adultos y niños.
ICE está dispuesta, inclusive, a reabrir cárceles privadas que fueron discontinuadas por el Departamento de Justicia por sus antecedentes de abusos y negligencia.
El mes pasado la revista The Nation publicó que apenas días después de que la Oficina de Cárceles nacional retirara el último de los presos del Centro Correccional del Condado de Cibola, en Nuevo México, la empresa dueña, Corrections Corporation of America, comenzó a negociar con la ICE para rehabilitar su prisión como un centro de detención para inmigrantes.
"La empresa ha hablado con nosotros para buscar nuestro apoyo...nosotros lo apoyaremos si significa mantener los puestos de trabajo", explicó por entonces a la revista el jefe de gobierno del condado, Tony Boyd.
La noticia provocó una reacción inmediata de las organizaciones de derechos civiles que venían denunciando la industria privada de las cárceles.
"Las prácticas de detención de ICE están fuera de control y desandan lo bueno que el Departamento de Justicia hizo hace sólo dos meses", denunció, sin disimular su preocupación, uno de los abogados de la reconocida organización ACLU, Carl Takei.
Pero aún más preocupante es que la nueva avanzada del Departamento de Seguridad Nacional para ampliar su capacidad de detención de inmigrantes fue previa a la victoria de Trump en las urnas y a la posibilidad más que certera de que los arrestos y encarcelamientos de extranjeros crezcan exponencialmente, hasta niveles hasta ahora desconocidos.
