El Gobierno anunció ayer la eliminación desde marzo del arancel del 35% para la importación de computadores, notebooks y tablets con el objetivo de bajar los precios a la mitad y mejorar la calidad de los productos que se venden en Argentina. Sin embargo reconoció que la medida provocará unos 1.000 despidos, aunque para la cámara del sector son 15.000 los empleos en riesgo.
Con el propósito de atenuar los efectos que tendrá esta resolución y durante el período de “transición”, el Gobierno promoverá planes de capacitación, seguro laboral y acuerdos con empleadores donde donde el Estado cubrirá hasta el 50% del salario por un año de los cesanteados.
Para justificar la controvertida medida que ya provocó el rechazo de la cámara que agrupa a fabricantes de electrónica, el Gobierno hizo una comparación de los precios de las computadores en la Argentina con países de la región.
En un comunicado, el Ministerio de Producción señaló que en el país una computadora cuesta 80% más que en Colombia; 50% más que en Chile y casi el triple que en Estados Unidos (175%) y afirmó que ese sobrecosto “lo pagan las pymes y las familias”.
La cartera que conduce Francisco Cabrera afirmó que la medida tiene como objetivo potenciar “de manera transversal la economía argentina y generar 15.000 nuevos empleos en 3 años”.
Estimó que “de esta manera se reducirán precios, mejorará la calidad de las computadoras, y aumentará la productividad de miles de empresas en el país”.
Juntamente con la medida el gobierno anunció subsidios salariales y planes de capacitación para alrededor de 1.000 trabajadores que perderán su empleo como consecuencia de esa medida.
No obstante, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) denunció que el impacto será mayor y que más de 12 mil empleos de la cadena de valor de equipos de tecnología informática corren riesgo ante la baja de aranceles.
La resolución sentirá muy fuerte Tierra del Fuego, hoy muy golpeada por los despidos producto del ingreso de importados y de la baja en las ventas, pero también otras economías regionales donde actualmente se encuentran emplazadas las 15 ensambladoras del país.
José Luis Cavanna, titular de CADIEEL, había advertido que es una “contradicción inexplicable”, que pretendan bajar los derechos de importación para bienes tecnológicos del 35 por ciento actual, ya que muchos de esos productos importados son fabricados con “mano de obra esclava o se venden a precios de dumping”.
Desde la UOM también habían acercado su malestar al ministro Cabrera y le habían hecho saber el riesgo en que se pone a los miles de empleados de la actividad. De hecho hace dos semanas la seccional fueguina había realizado un paro de 5 horas pidiendo que se mantenga la promoción industrial local, ante lo que era “la punta del ovillo” de la ola de despidos que afectaría la actividad.
