Pablo Baldevenito, estudiante de Prefectura Naval y padre del hijo de ambos, ejerció violencia contra a la joven y posteriormente contra el hijo de ambos.
La justicia bahiense consideró que lo mejor para el niño era alejarlo de su madre y al hombre, denunciado varias veces por violencia de género y actualmente sospechoso de abuso de menores, no le aplicó ninguna orden o restricción y mantiene contacto con ambas víctimas. Un caso de violencia de género y abuso sexual agravado por la arbitrariedad judicial que se empecina en criminalizar a las mujeres pobres.
B. es adolescente, pobre y víctima de violencia de género. Ella y su pequeño hijo son la evidencia de intersecciones de violencias y opresiones que el machismo judicial ejerce con absoluta conciencia, denigrando y criminalizando a las mujeres.
Tenía 14 años cuando quedó embarazada de Pablo Baldevenito, de 19 y, en aquel momento, aspirante de la escuela de Prefectura Naval en Ingeniero White. Desde el comienzo de la relación, ella fue víctima de la violencia de Pablo, que fue acrecentándose en el transcurso del tiempo y recrudeció con el embarazo.
Enviado por Prefectura, Baldevenito fue trasladado a Capital Federal para continuar sus estudios y con él viajó B. embarazada. El círculo de violencia se manifestó con maltratos, amenazas, hostigamiento, violencia psicológica y económica, durante todo el embarazo y luego del nacimiento. Llegó a encerrarla bajo llave junto a su bebé días enteros en el departamento hasta que él regresaba de su trabajo.
Entre paliza y paliza, amenazas y controles enfermizos iba creciendo en B. la necesidad de pedir ayuda. El límite, y posteriores denuncias en la comisaría de la mujer de Monte Hermoso, llegaron cuando los golpes comenzaron contra el chiquito.
De regreso en Monte Hermoso, la justicia implementó un régimen de visitas para el padre que viajaba regularmente a ver al chico. Una tarde, luego de la visita, el bebé regresó afiebrado y, pese a las quejas de Baldevenito de que sólo “estaba insoportable”, la joven lo llevó al hospital regional. El cuerpo médico de guardia que atendió a B. y a su hijo pudo detectar rápidamente que la joven era una víctima de violencia de género y, luego de revisar al niño, diagnosticaron que había sufrido abuso sexual, dejándolo internado.
Durante el mes de internación, al niño se le practicaron estudios que no pudieron determinar la identidad del abusador y la joven recibió un sinfín de amenazas de parte de Baldevenito. Insistía para que B. retire las denuncias por violencia de género. Fue hostigada, humillada por él y sus familiares. Denigrada públicamente a través de los medios locales que recogían la voz de hombre y su familia como mala madre. También, Baldevenito la amenazó de muerte con su arma reglamentaria por no volver a estar en pareja con él.
En el hospital el hombre mantuvo el contacto directo con el niño. La fiscalía interviniente, a cargo de Mauricio del Cero, no restringió las visitas al padre ni a ninguno de los seis hombres de la familia paterna, todos posibles sospechosos del delito de abuso de menores. Tampoco realizó una investigación que con seriedad devele lo sucedido.
Según el abogado defensor de B., Leandro Aparicio, la joven estuvo expuesta a la mirada acusatoria y humillaciones por parte del personal del hospital. “El Consejo Local de Niñez y Familia elaboró un informe basado en informes médicos, donde no consta ningún peritaje que determine que la madre es la responsable del abuso, pero tiene entrevistas a los familiares paternos quienes responsabilizaron a la joven de la situación”, expresó.
El juez de familia Orlando Daniel Mattii, en función de la solicitud del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, autorizó una medida compulsiva de abrigo para proteger al menor. Cuando éste obtuvo el alta médica, fue traslado en un móvil policial a una institución llamada Casa del Niño, en la localidad de Punta Alta, a 90 km de Monte Hermoso donde reside su mamá. Esta medida no expresó la restricción de contacto de la víctima abusada con ningún hombre de su familia, incluyendo a su padre que lo continúa.
Para la CPM el caso de B. demuestra la arbitrariedad judicial y la imposibilidad de acceso a un proceso de justicia que se imprime contra las personas pobres. El organismo pudo detectar cómo B. fue revictimizada, cómo se vulneraron los derechos que como madre adolescente le asisten; y una inexistente perspectiva de género en el abordaje de la causa en cada instancia donde intervinieron los organismos del Estado. “Estamos ante una intersección de opresiones que se consolidan en el acto judicial y policial, ya que fue con presencia de la policía que se llevaron al niño de las manos de su mamá del hospital. Alejar a la madre de su hijo que está atravesando una situación tan difícil es una clara acción acusatoria contra la mujer”, expresó la Dra. Margarita Jarque, directora del Programa Litigio estratégico de la CPM.
“Esta joven por su edad, por su condición social, por haber visto interrumpida su escolarización, por ser víctima de violencia de género, está en circunstancias de mayor vulnerabilidad y son las que justamente obligan al estado a garantizar una mayor protección, a tener un plus extra de cuidados y garantías de parte de los actores estatales intervinientes”, dijo el abogado defensor de B. y agregó: “no sólo se encuentra consignado en el código civil, sino que también se encuentra establecido por la Ley de violencia de género, por los pactos y tratados internacionales de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional y supra legal”.
Por su parte, la madre de B. solicitó al Consejo Local de Niñez y Familia una medida de abrigo para poder cuidar del niño hasta que la investigación avance.
