Esta represión por parte de la policía jujeña es un hecho que agrava aún más la falta de garantías constitucionales que se viene registrando en esa provincia y que se expresa de manera extrema en la detención arbitraria de la dirigente opositora Milagro Sala.
Es imprescindible que la justicia actúe de forma independiente, investigue y sancione a los responsables de la represión, de manera de garantizar el funcionamiento republicano donde el poder judicial es parte del control del poder ejecutivo. Esto es imperioso puesto que con estas acciones la democracia está en peligro.
Por eso a la exigencia de libertad a Milagro Sala le sumamos enérgicamente el cese de la represión social y política.
A 15 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, la memoria de los muertos por la represión debe interpelar nuestro presente de manera ejemplar.
